El candidato de Por Andalucía registra una iniciativa en el Congreso para la prohibición de las listas negras sindicales tras el conflicto de los operarios subidos a una grúa en Navantia San Fernando
El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha anunciado en Cádiz el registro en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley para la prohibición de las listas negras sindicales y la protección de la libertad sindical y el derecho de huelga. La iniciativa se produce en el contexto de la protesta de dos operarios que permanecen subidos a una grúa en las instalaciones de Navantia en San Fernando.
Maíllo realizó el anuncio este martes durante una atención a medios en la capital gaditana, donde expresó su solidaridad con los dos trabajadores de la industria auxiliar del metal que denuncian no ser contratados por su presunta inclusión en listas negras por motivos sindicales.
Según explicó el dirigente de Por Andalucía, la propuesta plantea modificar el Estatuto de los Trabajadores, concretamente su artículo 4, para reforzar la prohibición de la persecución por razones sindicales y blindar el ejercicio de la actividad sindical, reconocido como derecho fundamental en la Constitución.
La iniciativa también contempla cambios en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En concreto, propone que la elaboración o utilización de listas con datos personales sobre afiliación sindical para discriminar en el acceso al empleo sea considerada infracción “muy grave”, con un tratamiento sancionador equiparable al impago de salarios.
Maíllo sostuvo que “no puede haber listas negras en las empresas sobre personas comprometidas sindicalmente” y defendió que la prohibición de las listas negras sindicales debe quedar expresamente recogida en la legislación laboral. A su juicio, esta práctica vulnera la libertad sindical y el funcionamiento democrático.
El anuncio se produce mientras continúa la protesta en Navantia San Fernando, donde dos operarios mantienen su reivindicación en altura al considerar que su exclusión de la contratación en la industria auxiliar responde a su actividad sindical. El conflicto ha reavivado el debate sobre las condiciones laborales en el sector del metal en la Bahía de Cádiz.
El candidato de la coalición de izquierdas vinculó la propuesta legislativa con este caso concreto y con situaciones similares que, según indicó, afectan a otros sectores como la hostelería. En su intervención, afirmó que la iniciativa pretende ofrecer una herramienta legal adicional frente a prácticas de discriminación laboral por motivos sindicales.
Además, Maíllo pidió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Ministerio de Hacienda que intervengan en relación con el modelo productivo de Navantia. Señaló que, en su opinión, la empresa pública debería reforzar su estructura propia de plantilla y no delegar de forma mayoritaria la ejecución de proyectos en empresas auxiliares.
En este sentido, planteó la necesidad de abrir un debate sobre el papel de Navantia en la Bahía de Cádiz y sobre las condiciones laborales en su cadena de subcontratación. Consideró que una empresa pública debe garantizar condiciones laborales dignas en el desarrollo de su actividad.
La proposición no de ley registrada por Por Andalucía deberá ser debatida en el Congreso de los Diputados. Este tipo de iniciativas no tiene carácter vinculante, aunque puede instar al Gobierno a promover cambios normativos.
El conflicto laboral en Navantia San Fernando se produce en un contexto de alta dependencia del sector naval en la economía de la comarca. Las movilizaciones y denuncias sobre posibles listas negras han generado atención social y política en la provincia en los últimos días.
Por el momento, los dos operarios continúan con su protesta, mientras las administraciones y la empresa no han informado de avances concretos en relación con sus demandas.
