La presidenta de CSIF Cádiz, María José Cano, valora el proyecto de Decreto-Ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la jornada laboral de 35 horas semanales para los trabajadores públicos “por la influencia que tendrá en la creación de empleo público estable y de calidad en una provincia donde en los últimos años tantos empleos se han perdido”.
Cano considera que “estas medidas van a permitir la recuperación de empleos públicos, redundando a su vez en unos servicios públicos de calidad, sin olvidar que la provincia necesita, como mínimo, unos 3.000 puestos de trabajo para recuperar lo perdido en los últimos tres años.
Así, la presidenta provincial de CSIF Cádiz incide en la necesidad de convocar, “cuanto antes, ofertas de empleo público acordes a las necesidades de la Función Pública andaluza, para que no sigan existiendo urgencias colapsadas por la ausencia de personal como está ocurriendo en los hospitales de la provincia, aulas con una ratio elevada en los centros educativos de la provincia, o problemas en la gestión de la dependencia, del desempleo o de los juzgados”.
A nivel autonómico, el presidente de CSIF Andalucía, José Luis Heredia, también ha destacado el cumplimiento de otros términos del acuerdo e indicó que estará vigilante para que se cumplan todos los términos del mismo, como el resto del reintegro de la extra de diciembre de 2012. “Es de valorar que siempre la presidenta de la Junta ha cumplido su palabra con este sindicato, el mayoritario en la Función Pública andaluza”, insiste Heredia.
Por último, Heredia ha insistido en la necesidad de que “todos los grupos parlamentarios andaluces se posicionen para que el Gobierno central no recurra la medida, como sí ha hecho en otras comunidades, dada la importancia que ésta tiene para el conjunto de los empleados públicos andaluces, los más recortados de todo el país desde el inicio de la crisis”. Así, el presidente de CSIF-A entiende que “los grupos deben promover una resolución en el Parlamento para que, mediante una acción unitaria y consensuada, no prolonguen los recortes en los derechos de los empleados públicos andaluces”.