María Romay, la concejala que convirtió la libertad de información en un tema chungo

Aquellos que venían a abrir puertas y ventanas para que el aire fresco entrara en unas instituciones con olor a naftalina se han dado cuenta más pronto que tarde que con todo cerrado se está más a gusto. Como ocurre casi siempre, lo que en un principio eran buenas intenciones y vocación por el servicio público se ha transformado en tejer una red clientelar que sustente a los que están en el poder.

Eso debió pensar María Romay cuando valoró la forma de ganarse a la prensa en tiempos poco propicios para seguir la estrategia del Partido Popular, inundar los medios de publicidad institucional. Quizás no fue a ella a quien se le ocurrió, quizás fue algún asesor avispado o alguien del Equipo de Gobierno. Si fue antes el huevo o la gallina poco importa, el quid de la cuestión es que una buena alternativa al dinero es el poder. Y eso es lo que ha provocado con los nuevos criterios para otorgar las credenciales a los medios de comunicación que pretenden cubrir el COAC.

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), la que determina quien puede trabajar o no en el Falla, no necesita precisamente dinero. De eso ya tiene y mucho como veremos en próximos artículos, pero no le viene mal un poco de poder. Y el COAC da mucho poder. Lejos de lo que muchos puedan pensar, el afán de un medio como este por acceder el teatro no es una excusa para evitar hacer cola en taquilla y ahorrarse el dinero de una entrada. El Carnaval de Cádiz da muchas visitas de gente de todo el país. Sin ir más lejos el pasado concurso este medio multiplicó por cinco la audiencia media de un mes durante el concurso.

Pero a lo que íbamos, María Romay ha entregado un concurso que es de todos a una entidad privada que mira por el beneficio de sus asociados, que no necesariamente son periodistas. A partir de ahora un periodista no es quien ejerza la profesión o quien tenga determinada titulación universitaria. Un periodista será lo que ellos digan que sea.

En España la profesión periodística no está regulada, como ocurre con la mayoría de las profesiones. Cualquier ciudadano puede aventurarse a crear un medio de comunicación y arriesgar su dinero y su esfuerzo, porque les puedo asegurar que no es un mundo fácil. El artículo 20 de la Constitución recoge el derecho de cualquier ciudadano a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión y el artículo 38 reconoce la libertad de empresa. Pero el afán de contentar a una entidad privada ha pesado más que el interés general para los que luchaban contra la casta. Los escaños y los despachos están convirtiendo a los nuevos políticos en aquello a lo que decían combatir.

El peregrinar de María Romay no deja de ser sorprendente. Del PSOE a Izquierda Anticapitalista para acabar en Podemos privatizando el derecho a informar. Son ya demasiadas casualidades para el tiempo que llevan gobernando. Desde el compañero de comparsa que gestiona la pista de hielo hasta el actor que cambia de nombre para ocultar una relación familiar con alguien del Equipo de Gobierno, pasando por el condenado por estafa que crea un medio de comunicación a nombre de una asociación sin ánimo de lucro para evitar pasar por la ventanilla de Montoro, todo ello ocupando un despacho público.

Desde Cadiznoticias seguiremos llevando puntualmente la información de lo que acontece en el COAC ya sea desde el foso del teatro, delante del televisor con la retransmisión de Onda Cádiz o colgados de un pino, pero lucharemos en los tribunales si es preciso por recibir el mismo tratamiento que el resto de medios de comunicación. No queremos recibir una llamada de nadie ofreciéndonos entrar en el teatro cuando nos apetezca. Queremos que nos dejen trabajar en las mismas condiciones que los demás.

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