Más de 236.000 pensionistas de Cádiz reciben la actualización de sus prestaciones con la revalorización de 2026

La subida aprobada por el Gobierno central alcanza el 2,7% con carácter general y contempla incrementos superiores en pensiones mínimas y no contributivas

Más de 236.000 pensionistas de la provincia de Cádiz han comenzado a recibir en estos días la actualización de sus prestaciones correspondiente a 2026 tras la revalorización aprobada por el Gobierno central. La diputada socialista Mamen Sánchez ha mantenido un encuentro con pensionistas de la provincia en el que ha valorado el impacto de la medida y ha señalado que la actualización permite mantener el poder adquisitivo frente al incremento del coste de la vida.

La revalorización general supone un aumento del 2,7% para la mayor parte de las pensiones contributivas, lo que se traduce en una media de 570 euros más al año para una pensión media, según cálculos difundidos por el partido. La actualización contempla además incrementos superiores en determinadas prestaciones: las pensiones mínimas suben un 7%, mientras que las pensiones mínimas con cónyuge a cargo y las pensiones de viudedad con cargas familiares alcanzan un 11,4%. También se revalorizan en un 11,4% las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

En la provincia de Cádiz residen más de 65.000 personas con pensiones mínimas, según datos facilitados en el acto. Según los ejemplos trasladados, una pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo o una pensión de viudedad con responsabilidades familiares pasaría de 15.786,40 euros anuales a 17.592,40 euros, lo que implica un aumento de 1.806 euros al año, aproximadamente 128 euros mensuales.

La diputada ha señalado que la pensión constituye en muchos casos el principal ingreso del hogar e incluso un instrumento de apoyo intergeneracional en situaciones de precariedad o desempleo. En este sentido, ha defendido que la revalorización de las pensiones tiene también efectos en la economía local, al derivar en un mayor consumo en comercio y servicios.

La actualización de las pensiones forma parte del sistema de revalorización vinculado al Índice de Precios al Consumo (IPC), mecanismo aprobado en las últimas reformas del sistema de pensiones con el objetivo de garantizar la preservación del poder de compra de las prestaciones contributivas. El Gobierno ha señalado que este incremento se suma a las subidas aprobadas en ejercicios anteriores, en un contexto marcado por el impacto inflacionario.

En términos legislativos, el Real Decreto que recoge la revalorización deberá ser votado en el Congreso de los Diputados en los próximos días. La diputada ha señalado que espera que la medida reciba respaldo transversal dada su incidencia social. Esta votación se enmarca en el calendario parlamentario habitual de los primeros meses del año, en los que se convalidan normas vinculadas a la actualización de prestaciones y parámetros socioeconómicos del sistema público.

Desde el ámbito estatal, la revalorización de las pensiones ha sido objeto de debate político en los últimos años en relación con su sostenibilidad financiera, el papel del denominado “Mecanismo de Equidad Intergeneracional” y la evolución demográfica. En el caso de la provincia de Cádiz, el peso de la población pensionista y la dependencia de las prestaciones en numerosos municipios otorga a esta actualización un componente especialmente relevante.

La diputada ha comparado las medidas estatales con las aplicadas por la Junta de Andalucía en materia de pensiones no contributivas, señalando que el complemento autonómico añadido por el Gobierno andaluz supone un aumento menor. Esta cuestión se inscribe en el debate entre administraciones sobre el reparto de competencias en materia de protección social y el alcance de las políticas autonómicas frente a las estatales.

La revalorización de las pensiones abre también el debate sobre la suficiencia de las prestaciones mínimas, que afectan a personas con menor capacidad contributiva y a colectivos especialmente expuestos a situaciones de vulnerabilidad. Diversas organizaciones sociales y de mayores han venido reclamando en los últimos años incrementos adicionales en rentas bajas y en pensiones no contributivas para reforzar su cobertura.