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Montero reclama depurar responsabilidades políticas en el caso Landaluce

Redacción 20 octubre, 2026 4 minutos de lectura

La secretaria general del PSOE-A pide una comisión de investigación sobre el caso Landaluce y acusa al PP de no actuar ante las denuncias contra el alcalde de Algeciras.

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, reclamó este 20 de octubre que se depuren “todas las responsabilidades” políticas en el caso Landaluce y respaldó la apertura de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Algeciras. La dirigente socialista considera que la dimisión anunciada por el alcalde, José Ignacio Landaluce, no resuelve las preguntas sobre la gestión de las denuncias por supuestos abusos sexuales y acoso que afectan al regidor.

Montero realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, en Sevilla. Según expuso, el alcalde ha anunciado que dejará el cargo el domingo, después de que el PP y Vox registraran una moción de censura para apartarlo de la Alcaldía ante su negativa inicial a dimitir.

La responsable socialista calificó la salida del regidor como un “cierre en falso” y sostuvo que se produce cuando Landaluce iba a ser desalojado del cargo mediante esa iniciativa. A su juicio, la renuncia no debe dar por terminada la exigencia de explicaciones sobre quién conocía las acusaciones y qué medidas adoptó el Partido Popular.

Landaluce está citado esta semana a declarar como investigado, según recordó Montero. La secretaria general del PSOE-A señaló que la investigación judicial debe continuar su curso, pero diferenció ese procedimiento de las responsabilidades políticas que, en su opinión, deben determinarse con independencia del resultado de la causa.

Las acusaciones se refieren a presuntas conductas de carácter sexual hacia mujeres y al supuesto uso de su posición institucional. Montero aludió a testimonios de denunciantes y afirmó que las conductas y mensajes atribuidos al alcalde fueron comunicados a distintas estructuras del PP: las direcciones local, provincial y regional, el Grupo Popular en el Senado y la dirección nacional del partido.

A partir de esas afirmaciones, la dirigente socialista pidió aclarar cuándo tuvieron conocimiento de las denuncias los responsables del PP y cómo actuaron. También planteó si se activó algún protocolo contra el acoso sexual y por qué, según su versión, las denunciantes no encontraron protección dentro de la organización.

Montero dirigió sus críticas al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, y al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. La líder del PSOE-A les pidió que expliquen qué información recibieron, cómo se tramitó y si la dirección nacional intervino de algún modo en el asunto.

La secretaria general socialista afirmó que el PP impulsó la moción de censura después de conocer la situación procesal del alcalde y ante la negativa de este a abandonar el puesto. También cuestionó que los populares recurrieran a los votos de Vox para presentar la iniciativa, por las posiciones de esta formación sobre la violencia machista.

El PSOE sostiene que meses atrás ofreció los votos de sus concejales al grupo municipal popular para relevar a Landaluce sin pedir contrapartidas. Según Montero, el PP no aceptó entonces ese apoyo. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Algeciras ha solicitado ahora una comisión de investigación municipal para examinar la actuación seguida ante las denuncias.

La dirigente del PSOE-A extendió su petición de explicaciones a Jacinto Muñoz, candidato del PP para sustituir a Landaluce en la Alcaldía. Montero indicó que Muñoz está citado esta semana como testigo ante el mismo juzgado y lo definió como una persona del entorno político más próximo al todavía alcalde.

Según la versión expuesta por Montero, existen testigos que atribuyen a Muñoz conocimiento de las denuncias y señalan que no les dio credibilidad. Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones políticas formuladas por la secretaria general socialista durante su comparecencia.

Montero defendió que los cargos públicos tienen la obligación de actuar cuando conocen posibles delitos o disponen de indicios sobre su comisión. En este sentido, reclamó que se determine quién tuvo acceso a las denuncias y acusó al PP de haberlas ignorado o encubierto, extremo que presentó como una cuestión pendiente de aclaración.

La líder del PSOE-A también habló de un posible uso de dinero público para silenciar a denunciantes, aunque formuló esta cuestión como una sospecha que debería investigarse. Insistió en que la salida de Landaluce de la Alcaldía no puede sustituir el esclarecimiento de la actuación política e institucional seguida durante los meses anteriores.

El PSOE-A mantendrá su exigencia de responsabilidades, según anunció Montero, que centró su intervención en la protección de las denunciantes y en la respuesta ofrecida por las distintas estructuras del Partido Popular. La investigación judicial y la prevista sustitución al frente del Ayuntamiento discurren así en paralelo a la disputa política sobre el conocimiento y tratamiento previo de las acusaciones.