Moreno denuncia los aranceles como una amenaza para Andalucía y aboga por la unidad y la diplomacia para mitigar sus efectos
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado enérgicamente los aranceles impuestos recientemente, calificándolos de «injustos» y «lesivos» para los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces. Durante su intervención en la sesión de control en el Parlamento andaluz, Moreno señaló que esta decisión perjudica gravemente a una comunidad que es la segunda en volumen de exportaciones a Estados Unidos, con un 1,4% del PIB andaluz derivado de estas exportaciones.
Para hacer frente a esta situación, el presidente andaluz apostó por la unidad, la firmeza y una «diplomacia inteligente» en busca de soluciones que incluyan mercados alternativos y ayudas a la internacionalización de las empresas andaluzas. Además, destacó las medidas específicas que se implementarán para apoyar al sector agroalimentario, el más afectado por los aranceles.
En otro ámbito, Moreno abordó la situación de la sanidad pública andaluza, destacando que, a pesar de los recortes sufridos durante la gestión de María Jesús Montero entre 2008 y 2014, el sistema sanitario de Andalucía ha experimentado un incremento de recursos del 73% respecto a 2024. Asimismo, resaltó que, en el período de mayores recortes, entre 2010 y 2011, se eliminaron más de 7.700 puestos de profesionales sanitarios en la región.
El presidente también subrayó el fuerte compromiso del Gobierno andaluz con los municipios. Ejemplos de ello son el aumento del Plan de Cooperación Municipal 2025, que supera los 2.375 millones de euros, y el 98% de pago de la deuda histórica con los ayuntamientos. Además, destacó diversas medidas de apoyo, como incentivos fiscales a los residentes en municipios con riesgo de despoblación y el Plan Capacitación Digital de Andalucía, con un presupuesto de 210 millones de euros.
Por último, Moreno criticó las políticas del Gobierno de la Nación, señalando que el modelo centralista impide que los ayuntamientos dispongan de superávit y de los recursos necesarios para mejorar infraestructuras y servicios públicos esenciales para los ciudadanos.
