Si la propuesta es aprobada tan sólo los distritos sanitarios de Málaga, Granada y Metropolitano Granada seguirán en la fase 0
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que la propuesta de la desescalada en Andalucía remitida al Gobierno central incluye que las ocho provincias andaluzas y 30 de los 33 distritos sanitarios evolucionen hacia la fase 1 de desconfinamiento. Los tres distritos que quedarían rezagados serían los de Málaga, Granada y Metropolitano Granada.
Durante su intervención en la sesión de control del Parlamento andaluz, Moreno ha afirmado que la pandemia del COVID-19 está generando graves consecuencias no sólo en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito económico y social, ante lo que ha abogado por estar alerta y seguir anticipándose para poder así, en la medida de lo posible, minimizar sus efectos y consecuencias en nuestra comunidad autónoma.
De esta manera, ha insistido en que en el ámbito sanitario el papel de la atención primaria va a ser clave en materia de prevención y detección ante lo que ha indicado que se van a mantener de forma extraordinaria algunas infraestructuras sanitarias que sean necesarias y que se seguirá contando mientras no haya vacunas con un Plan centinela para estar preparados en caso de que pueda producirse un nuevo brote.
Además, ha destacado las consecuencias que esta pandemia tendrá en el ámbito económico y también se ha referido a las importantes pérdidas de ingresos que ésta puede suponer para los comercios, los bares y restaurantes. Es por ello que ha resaltado algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno andaluz como es la aprobación de una convocatoria de ayudas públicas por valor de 10,9 millones de euros destinadas fundamentalmente al pequeño comercio y que tiene como objetivo financiar actuaciones necesarias para afrontar con garantías el desconfinamiento.
Moreno, que también ha hecho alusión a otros sectores que se han visto afectados como es el del turismo, la automoción o la aeronáutica, ha asegurado que la salida de la crisis se debe hacer de la mano del sector privado y es que ha puntualizado que el principal problema de las empresas en esta crisis económica es la falta de liquidez.
Al respecto, ha especificado que el Gobierno andaluz ha movilizado 600 millones de euros en avales para pymes y autónomos y se ha reforzado con una nueva partida de 51 millones de euros para que las pymes, los autónomos y los mutualistas andaluces reduzcan al mínimo el coste de los préstamos.
El presidente andaluz, que ha incidido en que los autónomos son una prioridad para su Gobierno, ha manifestado que son 60.000 los autónomos y los mutualistas que se han beneficiado de la ayuda de 300 euros y ha destacado la puesta en marcha una nueva línea de microcréditos entre 9.000 y 15.000 euros para éstos.
Además, ha recordado que esta semana se ha aprobado un Plan de activación de la obra pública, ante lo que ha puntualizado que Agricultura licitará 375 contratos de infraestructura hidráulica y movilizará 575 millones de euros que crearán 8.500 empleos directos.
En relación con las consecuencias que la crisis sanitaria del coronavirus puede suponer en el ámbito social, ha afirmado que esta pandemia está afectando especialmente a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, riesgo o exclusión social y ha hecho referencia a la activación de una prestación extraordinaria para ampliar la renta mínima que contará con un presupuesto de 10,5 millones de euros y de la que se podrán beneficiar 4.200 familias durante cinco meses. «En total, hemos movilizado para la renta mínima de inserción social en Andalucía un presupuesto de 20 millones de euros con el objetivo de beneficiar a 11.000 familias andaluzas».
Ante esta situación, Moreno ha instado a todas las fuerzas políticas a aunar fuerzas y a trabajar para poder salir de esta situación lo antes posible y ha abogado por la necesidad de una Alianza por Andalucía porque, según ha dicho, «ésta debe ser en instrumento que sumen a todos porque sólo desde la unidad se puede vencer al virus».
Al respecto, ha argumentado que con esta Gran Alianza se trabajará en seis ejes distintos entre los que se encuentran el ámbito educativo con iniciativas como el aumento de la inversión tecnológica, el de la integración social con medidas como el refuerzo de la atención a la dependencia a través de las nuevas tecnologías o con iniciativas ligadas a la economía verde fundamentada en la lucha contra el cambio climático y la importancia de las renovables y la economía circular.
Otros de estos ejes son el de la apuesta por la innovación a través de actuaciones como el fomento de la colaboración público-privada, el avance en la digitalización con un especial protagonismo de la Administración andaluza y el apoyo al empleo y emprendimiento, a través de la ayuda al tejido productivo en materia de la financiación, la internacionalización o la atracción de inversiones.
«La iniciativa de la Gran Alianza es muy importante para el futuro de Andalucía, una iniciativa que está abierta a las aportaciones de todos los que quieran sumarse a ella porque la expresión de la voluntad política del Gobierno andaluz es contar con toda la sociedad andaluza para sentar las bases de la recuperación económica y social de nuestra tierra», ha dicho.
El decreto de simplificación administrativa impulsará la economía y contribuirá a que Andalucía sea más competitiva
El presidente andaluz ha asegurado que en las siguientes fases de la desescalada la simplificación administrativa será fundamental y es que ha incidido en que el Decreto Ley de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva beneficiará a los andaluces, impulsará la economía y permitirá que aumente la inversión en nuestra comunidad autónoma que tan necesaria va a ser a partir de ahora a raíz de las importantes consecuencias que van a conllevar la pandemia del COVID-19. Así, ha apostado por eliminar trabas y burocracia para facilitar y simplificar la vida de los ciudadanos y hacer de Andalucía un territorio más competitivo.
Moreno ha señalado que el punto de partida de este decreto ley ha sido el trabajo de un grupo de expertos, conformado por altos directivos de la Administración, especialistas del mundo universitario y la empresa y funcionarios cualificados, designados por la Junta para evaluar la normativa reguladora.
En este punto, ha recordado que éste fue aprobado por el Gobierno andaluz en el mes de marzo y convalidado posteriormente por la Cámara andaluza. «El Gobierno central acordó interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 13, relativo a patrimonio histórico, y los apartados 4 y 6, del artículo 28 en materia audiovisual, para los que ha solicitado su suspensión», ha añadido.
El presidente andaluz ha asegurado que tanto el Gobierno de la Nación como el Ejecutivo andaluz han manifestado su voluntad de negociar para resolver las controversias que se plantean a través de la Comisión Bilateral Junta – Estado. «Nuestro posicionamiento es aplicar el Decreto Ley, en todo aquello sobre lo que el TC no deje en suspenso».
De este modo, ha subrayado que el decreto ley ha tenido como resultado la agilización de 21 leyes y 6 decretos, con un centenar de medidas que simplifican procedimientos, eliminan barreras o modifican tasas en actividades claves en los sectores productivos andaluces.
En este sentido, ha expuesto algunos de los ejemplos que este decreto ley conlleva como es el hecho de reducirse 20 trámites, de pasar de 30 a 12 meses el tiempo de elaboración de cada Plan General de turismo, la modificación de leyes para apoyar al sector agroalimentario andaluz, facilitar la lucha contra el cambio climático y favorecer la economía circular. Asimismo, con él se ha sustituido la licencia de obras municipal por una Declaración Responsable para obras menores, eliminando un trámite que puede durar hasta 12 meses y se han sustituido las licencias de ocupación por una declaración responsable, un trámite que podía durar hasta 9 meses.
Para terminar ha insistido en que este texto normativo viene a simplificar y agilizar los trámites administrativos, a adaptarse a los requisitos de la legislación básica estatal, a cumplir con las obligaciones con las que antes no se cumplía y a igualar las condiciones de protección ambiental con Europa y España, a la vez que ha aseverado que todo ello se hará con el sometimiento de las actuaciones administrativas a las máximas garantía de control.