El senador socialista por la provincia de Cádiz y la portavoz municipal de Algeciras han mantenido este lunes un encuentro con representantes sindicales en la cárcel de Botafuegos para valorar la iniciativa del PSOE de modificar de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria
El senador socialista por la provincia de Cádiz Alfonso Moscoso y la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal han mantenido este lunes un encuentro con funcionarios de prisiones de la Cárcel de Botafuegos en Algeciras para valorar la iniciativa del PSOE para modificar de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de las instituciones penitenciarias. A la reunión, celebrada en la Casa del Pueblo de Algeciras, ha asistido también Ana Jarillo, concejal socialista en el Ayuntamiento y diputada provincial.
Tal y como ha destacado Moscoso en dicho encuentro, se trata de una iniciativa del PSOE que es resultado del trabajo que desde el Gobierno de España y desde el Grupo Socialista se viene realizando con los sindicatos mayoritarios de prisiones. En ella se recogen sus demandas y “se da respuesta a la principal reivindicación del colectivo de funcionarios de prisiones”, destaca Moscoso.
El senador socialista y la portavoz municipal en Algeciras han coincidido en subrayar la necesidad de la declaración como agentes de la autoridad, que “dará seguridad jurídica al trabajo que realizan estos trabajadores públicos y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares”. Además, permitirá que sus manifestaciones e informes sean considerados como pruebas en los procedimientos disciplinarios regulados por esta ley.
Asimismo, esa nueva Ley garantizará su seguridad cuando ingresen en prisión, a causa de sentencia condenatoria, asegurando su separación de otro tipo de internos e internas.
Igualmente, se garantiza una indemnización, por parte de la Administración, para resarcir a los funcionarios penitenciarios en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre que no haya mediado negligencia grave.
El propio Consejo de Estado ha señalado que “en materia de funcionarios públicos rige el principio de indemnidad, de modo que quien sufra un daño por causa de su actuación pública o con ocasión de ella, sin mediar dolo y negligencia por su parte, debe ser resarcido”. Este organismo también ha dicho que “el funcionario no debe soportar, a su costa, un daño generado en el seno de la relación funcionarial”, concluye Moscoso.