Organizaciones europeas respaldan las sanciones de España a aerolíneas low cost por abusos a consumidores
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha recibido el apoyo de organizaciones de consumidores de 31 países europeos durante una reunión de la Organización Europea de Consumidores (BEUC). En el encuentro, que tuvo lugar en Madrid con motivo del 50 aniversario de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se destacó el respaldo a las sanciones impuestas por España a cinco aerolíneas low cost por prácticas abusivas.
Estas sanciones, que incluyen multas de hasta 179 millones de euros a compañías como Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea, son un avance en la lucha por proteger los derechos de los consumidores frente a cobros ilegales por servicios como el equipaje de mano y la reserva de asientos contiguos para personas dependientes.
Bustinduy celebró el apoyo recibido de las 44 organizaciones de BEUC y subrayó que España está liderando un cambio de tendencia en Europa al poner los derechos de los consumidores por encima de los intereses de las grandes empresas. “Las empresas no pueden violar sistemáticamente los derechos del consumidor con impunidad”, afirmó el ministro.
El director general de BEUC, Agustín Reyna, instó a la Comisión Europea a defender a los consumidores frente a los abusos de las aerolíneas y resaltó la importancia de seguir promoviendo la aplicación de sanciones a nivel europeo.
Por su parte, la OCU, representada en la reunión por Ilena Izverniceanu, destacó sus esfuerzos para lograr indemnizaciones para los consumidores afectados por los abusos, como el caso del cobro por equipaje de mano por parte de Ryanair. Además, se abordaron otros temas clave para la protección del consumidor en la nueva Agenda Europea del Consumidor 2025-2030, especialmente en lo relacionado con la seguridad en las compras online y la lucha contra estafas en Internet.
Este respaldo internacional a las sanciones de España subraya la creciente preocupación por la defensa de los derechos de los consumidores y marca un paso importante hacia la implementación de políticas más estrictas en Europa.
