Podemos denuncia que el bono social del Gobierno está hecho “a la medida del oligopolio energético”

Laura MingoranceEl próximo martes, 31 de enero, el Congreso de los Diputados votará la validación del Real Decreto-Ley 7/2016 sobre el bono social estatal. Con este bono de ámbito estatal, el Gobierno Central impone la financiación a todas las comercializadoras en base a su número de clientes, perjudicando a las más pequeñas. Este Real Decreto-Ley es la tercera norma que aprueba el Gobierno sobre la financiación del bono social, después de que el Tribunal Supremo anulará las dos anteriores.

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz decidió ayer instar al Gobierno central para que no convalie el mecanismo de financiación del bono social previsto en el RDL 7/2016. Además, Eléctrica de Cádiz ha reiterado el compromiso firme de sacar adelante el bono social municipal elaborado de forma participativa por diferentes asociaciones de la ciudad; ha encargado un informe jurídico para valorar cómo poner en marcha el bono gaditano en este nuevo contexto y prepara un recurso colectivo, junto con otras comercializadoras, por si finalmente el Real Decreto del bono social estatal es convalidado.

Ante este escenario, Podemos Cádiz, a través de su portavoz, Laura Mingorance, ha querido expresar su desacuerdo con el modelo de bono social impuesto por el gobierno central. Mingorance ha destacado que el gobierno del PP ha diseñado “un bono social hecho a la medida de los gigantes energéticos del oligopolio para beneficiarlos y para responder a sus intereses” ya que “este bono social se financia por todas las empresas del sector ya sean pequeñas cooperativas que apuestan por energías alternativas y limpias o ya sean por estos gigantes del oligopolio”. Además, recalca la portavoz que “se financiará de una manera absolutamente desproporcionada castigando severamente a las pequeñas empresas y cooperativas y beneficiando a las grandes”.

“Por si esto no fuera poco, lo que nos parece el mayor despropósito es que no todas las empresas que van a financiar este bono estatal podrán ofrecerselo a sus clientes, sino que únicamente podrán ofrecerlo las empresas del oligopolio”, subraya Mingorance que califica de “ absoluta vergüenza” el sistema de financiación que votará el Congreso el martes. “Es una prueba más de cómo el gobierno central legisla de manera sistemática para beneficiar a unos determinados intereses privados”, añade.

También ha calificado el Real Decreto-Ley de “preocupante” porque “el 50% de los beneficios de la comercializadora Eléctrica de Cádiz tendrán que ir a parar a la financiación de este bono social estatal que ella no podrá ofrecer”. Y denuncia que el gobierno central pone a las cooperativas de energía y pequeñas comercializadoras en una “encrucijada”: “o bien sostener enormes dificultades económicas que en algunos casos podrían poner en peligro su estabilidad o bien hacer recaer sobre las espaldas de los ciudadanos este extra”.

Mingorance recuerda que se está estudiando la forma de que el Real Decreto-Ley no afecte al bono social municipal y que “vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que el bono social municipal salga adelante”. Y concluye con un llamamiento a los partidos de la oposición: “Nos parece fundamental que los partidos de la oposición en la ciudad -a los que se les llena la boca diciendo lo que quieren a Cádiz, lo que trabajan por Cádiz- presionen a sus partidos que están en otras instituciones -en este caso, en el Congreso de los Diputados- para que se opongan, para que voten en contra de una medida injusta y que afecta tantísimo a la ciudad de Cádiz como ésta”. Por lo que desde su formación esperan que “el martes esos partidos demuestren que lo de querer a Cádiz no es solo una cuestión de palabras, sino que también va acorde con los hechos”.

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