Raquel Martínez reclama transparencia al Gobierno andaluz y exige aclarar las presuntas irregularidades en los contratos del SAS investigados en Cádiz.
Podemos Andalucía ha reclamado este martes explicaciones públicas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras el nuevo avance en la causa que analiza presuntas irregularidades en los contratos del SAS investigados en Cádiz. La secretaria general de la formación, Raquel Martínez, ha instado al Gobierno andaluz a aportar “toda la documentación necesaria” y a dejar de “enredar y liar”, después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz haya solicitado a la Intervención General del Estado (IGAE) un informe pericial para determinar el alcance de los posibles fraccionamientos de contratos menores.
Martínez recuerda que la investigación abierta se centra en adjudicaciones vinculadas a servicios sanitarios que, pese a su volumen económico, “habrían sido divididas para eludir controles y procedimientos ordinarios” de la Ley de Contratos del Sector Público. Según la dirigente de Podemos, este modelo de gestión “debilita la sanidad pública mientras aumenta el volumen de recursos que terminan en la sanidad privada”.
En sus declaraciones, la secretaria general de Podemos Andalucía afirma que “el Gobierno de Moreno Bonilla tiene mucho que explicar”, subrayando que la ciudadanía “necesita llegar al fondo de un asunto que implica que la sanidad pública en Andalucía está siendo dañada al mismo tiempo que aumenta el dinero que termina en manos de clínicas privadas”. A su juicio, esta evolución “no responde a mejoras del servicio, sino a un modelo que prioriza las derivaciones externas”, más costosas para los recursos públicos.
La formación morada sostiene que la estrategia del Ejecutivo autonómico es “clara”: el deterioro del sistema público abre espacio para el crecimiento de la actividad privada, que considera especialmente atractiva en una comunidad de más de ocho millones de habitantes. Martínez insiste en que no se trata “de una apreciación política de la oposición”, sino de una investigación judicial en marcha que “exige máxima transparencia institucional”.
Asimismo, la dirigente andaluza subraya que el presidente de la Junta “debe dejar de ocultarse, dar la cara y explicar qué ha ocurrido con estos contratos menores”. Añade que la ciudadanía “tiene derecho a conocer cómo se está gestionando un servicio esencial como la sanidad” y recalca que el refuerzo presupuestario anunciado en los últimos años “no puede traducirse en un aumento constante de recursos destinados a la privada sin una evaluación clara de su impacto”.
Con estas declaraciones, Podemos eleva la presión política sobre el Gobierno andaluz coincidiendo con la ampliación del plazo de instrucción de la causa, prorrogado hasta el 2 de abril de 2026. La solicitud de informe a la IGAE supone un paso clave en la investigación y alimenta el debate sobre la gestión de los contratos del SAS y la distribución de recursos entre sanidad pública y privada en Andalucía.
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