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Jue. Nov 21st, 2024

Primera reunión de la comisión que vigila la aplicación de cláusulas sociales en las contrataciones de la Diputación

La Diputación cuenta ya con una Comisión de Contratación Pública Responsable en funcionamiento, cuya finalidad es velar  por el cumplimiento de las cláusulas sociales en las adjudicaciones de concesiones públicas de la entidad. Este órgano ya ha celebrado su primera reunión y está formado por personal técnico de diferentes áreas de gestión de la Diputación, tanto de la propia Central de Contratación Administrativa del área de Servicios Económicos, como del área de Igualdad y Bienestar Social, y del de Desarrollo Sostenible a través de la Agencia Provincial del Energía.

La implantación de cláusulas sociales persigue una mayor responsabilidad ética, social y medioambiental y un gasto público más eficaz. También fomentar el compromiso social de las empresas, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la integración de las personas con algún tipo de discapacidad, la conservación del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa laboral y social”.

La puesta en marcha de esa comisión da cumplimiento al decreto de la presidenta de la Diputación, Irene García, de fecha 17 julio. En dicha norma se ordenaba articular un mecanismo de implantación y control de la efectiva aplicación de estos requisitos sociales, que se incluyen en los pliegos de contratación de los servicios públicos que se gestionan desde la entidad provincial.

La Ley 9/2017 de Contratos Públicos exige una contratación pública responsable, que evalúe a las empresas atendiendo no sólo criterios de precio, sino que también prime la implantación de medidas de tipo medioambiental o de carácter social. Sin ir más lejos, uno de los contratos más voluminosos que se gestionan desde la Diputación, la de la ayuda a domicilio en pequeños municipios, dotado con más de trece millones de euros al año, ya incluyó cláusulas sociales en su pliego de adjudicación. Aunque la Diputación ya viene fomentando estas políticas con anterioridad, ya en enero de 2017 decidió anticipar este proceso al concretar una guía de cláusulas sociales aplicable a sus licitaciones.

En la reunión se han tratado asuntos como los modelos de verificación del cumplimiento de estas cláusulas y formalizar un protocolo de seguimiento del mismo que seguirá concretándose en próximas reuniones de la comisión.

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