El portavoz adjunto del Grupo en el Senado, Francisco Menacho, junto a la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, Eva Foncubierta, han mantenido esta mañana en San Fernando una reunión para analizar la nueva afrenta del Gobierno de Mariano Rajoy hacia los emigrantes retornados, a los que si bien antes Hacienda penalizaba con sanciones y recargos en un gravoso proceso de regularización fiscal, ahora también desde la Seguridad Social se les están reduciendo sus pensiones.
Según ha explicado Menacho, emigrantes retornados que son perceptores de una incapacidad total que cobran el 55 por ciento de la base cotización, cuando cumple los 55 años se les sube un 20 por ciento, “pero la gran sorpresa es que si han tenido una pequeña paga del extranjero, se les quita ese 20 por ciento”. Así, papeles en mano, ambos han puesto el ejemplo de un ciudadano que ya se ha dirigido a la Asociación para denunciar su caso: tiene una pensión de 1004 euros y por percibir 56 euros del extranjero, le quitan 267 euros, recibiendo finalmente solo 736 euros.
El senador socialista ha criticado que el Gobierno del PP “favorezca a los que tienen cuentas en paraísos fiscales y castigue a los más débiles, como ya hicieron en la anterior legislatura a través de Hacienda y que afectó a más de 40.000 emigrantes andaluces que se vieron afectados”.
Menacho se pregunta “por qué se hace ahora eso, por qué aplican una normativa del texto fundido de la Ley General de la Seguridad Social del año 94, aplicando un artículo, el 139.2 que declara incompatible la percepción de una pensión con la realización de cualquier otro trabajo y en base a ello, le quitan el 20 por ciento”. “Es retorcido y malintencionado equiparar una pequeña pensión de 50 euros como si estuviera trabajando”, ha señalado, advirtiendo de que “eso no tiene base jurídica ninguna y vamos a denunciar y pelear esta nueva afrenta”.
Así, temiendo como ha expresado la presidenta nacional del colectivo, que “al haber miles de personas que cobran por invalidez ese 20 por ciento, se produzca de nuevo una cascada de denuncias”, es por lo que van a actuar ya para evitar que “la injusticia detectada en Sevilla se traslade a otras provincias, lo que demostraría que hay indicaciones claras por parte del Ejecutivo”.
“Son las primeras cartas pero mucho nos tememos que el Gobierno quiera iniciar una caza de brujas como sucedió con Hacienda”, ha recalcado el senador socialista que ha anunciado que realizará preguntas a la ministra de Empleo, “que debería tener sensibilidad hacia Andalucía”, para saber a cuantas personas se les ha dirigido escritos advirtiéndole de ese 20 por ciento que ahora pretenden restarle”.
Del mismo modo, el coordinador de la Oficina parlamentaria ha asegurado que el Grupo Socialista elevará a Congreso y Senado “una proposición no de Ley para que se anulen estos procedimientos totalmente injustos que se están abriendo y podamos imponer cordura hacia gente trabajadora y humilde a la que está persiguiendo”.
Asimismo, ha manifestado “el temor a que, al estar en funciones estén actuando de una manera más tímida pero cuando se forme el Gobierno, entren a saco y sean miles de emigrantes los que se vean afectados”.
“Es injusto que la emprendan con ciudadanos que han aportado rentas al país, que han trabajado mucho y en situaciones muy duras, y que ahora ayudan con sus pensiones a hijos y nietos; es un nuevo castigo de un Gobierno que es débil con los fuertes y fuerte con los más débiles”, ha concluido.
Por su parte, Eva Foncubierta ha advertido de que “estamos en alerta” y “nos vamos a adelantar para defendernos antes de que el problema pueda ser mayor y que no nos pille por sorpresa como sucedió con Hacienda”. La presidenta del colectivo se teme que “el gobierno del PP en cuanto se asiente, si es que llega a gobernar, tome esta medida con efectos retroactivos y revise expedientes dejando en una situación vulnerable y de exclusión social a un colectivo que tanto ha hecho por España”.
Ha aclarado que la Federación ha revisado ya la legislación y realizado consultas al gabinete jurídico y le han indicado que “no tiene sustento legal alguno, que han hecho una interpretación arbitraria porque no se está tratando de un rendimiento de trabajo, al ser una percepción de una pensión que además es un derecho adquirido antes de que se ocasionara la invalidez total cualificada”.
Foncubierta ha advertido de que llevarán a cabo “ofensiva institucional parar esta injusticia y evitar que se llegue a los niveles del proceso de regularización con Hacienda, cinco años sin parar de luchar y que ahora está parado, aunque sabemos que van a continuar en cuanto puedan”.
Se da la circunstancia de que el colectivo se ha dirigido a la Secretaría de Estado que ha reconocido en su respuesta que “la normativa vigente no dice nada al respecto”, luego queda claro que “se está haciendo una interpretación que perjudica claramente a los intereses de estas personas”, según indica la representante del colectivo.