El PSOE exige a Cospedal que resuelva el conflicto laboral de los vigilantes de edificios de Defensa
La portavoz adjunta de Defensa y diputada en el Congreso, Miriam Alconchel, ha exigido hoy a la ministra, Dolores de Cospedal, con motivo de su presencia en la provincia de Cádiz, que “resuelva el conflicto laboral de los vigilantes de los edificios de Defensa que afecta a medio centenar de trabajadores y evite la huelga convocada por los sindicatos a finales de mes”.
“Su función en el Ministerio no es solo representar al Gobierno en actos como los de hoy, lo primero y esencial es tener la casa en orden y ahora mismo la seguridad y vigilancia de los edificios de Defensa hacen aguas por todos sitios con un mal servicio, tras la subrogación del mismo a una empresa pirata, Marsegur, que pretende explotar a los trabajadores a los que quiere someter a condiciones laborales indignas”, señala la diputada.
Alconchel, que se solidariza en nombre del PSOE con el colectivo que viene manifestándose desde hace varias semanas a las puertas de los centros de trabajo, recuerda que “la ministra tendrá que dar explicaciones en el Congreso por la concesión a una empresa vinculada al emporio de un empresario- amigo del ex ministro Soria- a quien el Gobierno del PP indultó y que vuelve a estar investigada en un juzgado de Las Palmas por fraude fiscal de nueve millones a Hacienda y de 11 millones a la Seguridad Social”.
La portavoz adjunta de Defensa advierte a De Cospedal de que “este colectivo custodia instalaciones militares y debería concebir este problema como una cuestión de seguridad del Estado, más en estado de alerta, a la que debe dar prioridad, reaccionar y no mirar para otro lado”.
“El Ministerio está siendo cómplice de las malas prácticas de subcontratas que no respetan los convenios colectivos y aplican condiciones laborales muy por debajo de las que venían dándose en el sector o lo que es peor, no están pagando según denuncian los sindicatos”, subraya, precisando que la ministra tendrá que responder sobre los “despidos”, y el impago de nóminas que sufren los más de 500 vigilantes en toda España, así como por las “infracciones graves de seguridad” cometidas por la empresa.
