El PSOE valora la nueva ley de tanteo y retracto en desahucios que da amparo a las familias más vulnerables

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y diputada andaluza, Araceli Maese, ha puesto en valor esta mañana el Proyecto de Ley por el que se establece el Derecho de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas en Andalucía. “Una novedosa norma que permitirá a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por un desahucio”, ha explicado de manera que “estas viviendas se incorporarán al parque público autonómico, facilitando la permanencia en su hogar de las familias afectadas por la pérdida de su vivienda mediante el pago de un alquiler social”.

Maese ha resaltado que “la Junta atiende al contexto socio económico que hace necesario la redacción de esta norma y es que lamentablemente la España de 2017 es una sociedad más pobre y desigual de la que fue en 2010 cuando se aprobó la Ley de Derecho a la Vivienda en Andalucía que modifica la nueva ley”.

“Algo está fallando cuando en un momento de recuperación económica, continúan sin recuperarse derechos sociales y se acrecientan las desigualdades”, ha dicho para recordar que “la crisis y las políticas económicas desarrolladas por el PP basadas en la precarización del trabajo, bajada de salarios y reducción de prestaciones por desempleo, han conducido a muchas familias a situaciones de sobreendeudamiento que, en algunos casos, culminan en desalojos y desahucios, una situación de vulnerabilidad de la que es difícil salir”.

Por eso, porque “la pérdida del hogar es una de las situaciones más dolorosas que puede afrontar una familia”, Maese ha aplaudido la reacción del Gobierno andaluz que, “si bien se ha ido dotando de un marco normativo para garantizar el derecho a una vivienda digna con leyes como la de Medidas para la Vivienda Protegida y del Suelo, la del Derecho a la Vivienda en Andalucía o la de la Función social de la vivienda, sigue avanzando con otras medidas complementarias”. Así, se ha referido a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria sobre la Vivienda, el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 o el Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios. La parlamentaria andaluza ha subrayado que un servicio público y gratuito como este último ha atendido desde octubre de 2012 hasta finales de 2016 a un total de 2.025 familias de la provincia de Cádiz. De ese conjunto, el año pasado este servicio abrió 288 expedientes, en su mayoría en el ámbito de la intermediación.

Asimismo, la diputada socialista ha destacado también la orden de ayudas a personas en circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución hipotecaria. “En la Oficina de Defensa de la Vivienda de Cádiz (actual SAID) se han estimado 23 solicitudes con un presupuesto concedido hasta la fecha de 184.644,69 euros para 3 ó 2 años dependiendo de si las solicitudes fueron presentadas en el 2015 ó en 2016. Esta línea se encuentra abierta de forma permanente, ya que no tiene plazo de finalización”, ha detallado.

“La orden de ayuda al alquiler, dirigidas a personas en situación de especial vulnerabilidad y a personas con ingresos limitados, también ha primado el acceso a personas que hayan sufrido el desahucio de su vivienda habitual”, ha explicado asegurando que en Cádiz, en la convocatoria de 2015 hubo 2.049 solicitudes aprobadas, y se pagaron 2.691.429,92 euros. En la convocatoria de 2016, van a beneficiarse unas 3.000 familias de la provincia de Cádiz con una inversión estimada de unos 3 millones euros.

Maese ha asegurado que la consejería de Fomento y Vivienda ha firmado además un Convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la FAMP para abordar de manera coordinada el problema de los desahucios y anticipar la intervención social para aquellos procedimientos que se encuentran en vía judicial. Y también se ha firmado un convenio con la SAREB para incorporar al parque de vivienda destinadas al alquiler social 400 viviendas que permanecían vacías.

La parlamentaria ha indicado que en Andalucía la media de lanzamientos es de 1,19 lanzamientos por cada mil habitantes, por debajo de la media nacional que está en 1,36 y de 8 comunidades autónomas. “En Andalucía las dificultades de pago de las familias pueden reconducirse hacia otras soluciones como la dación en pago, la reestructuración de la deuda o el alquiler social, para evitar la salida de las familias de sus hogares”, ha apostillado, abundado en que “si al final de todo este proceso de acompañamiento, fuera imposible evitar el desahucio, se les ofrece ahora un nuevo recurso para garantizar que puedan permanecer en su vivienda a cambio de un alquiler social”.

Araceli Maese ha precisado que en la norma está previsto que los Ayuntamientos que así lo deseen puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto, para lo que solo tienen que suscribir un acuerdo con la Consejería de Fomento y Vivienda.

En último término, Maese ha insistido en que la norma refuerza las garantías y derechos de los ciudadanos en el acceso a la VPO. Así pues, ha señalado, que pasa a considerarse falta muy grave que un promotor mantenga sin ocupación y sin causa justificada una VPO por un periodo superior a tres meses y que tendrá la consideración de muy grave que el promotor de la VPO no devuelva las cantidades a cuenta abonadas por los compradores cuando se produce una resolución del contrato, con multas de entre 30.001 y 120.000 euros.

Maese ha aprovechado para poner en valor la visita efectuada por el consejero de Fomento, Felipe López, al ayuntamiento de Cádiz de la que ha dicho que “es la prueba palpable de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, cumple con los compromisos que adquirió con la capital”. “La Junta vino con las manos llenas y hay que dar a conocer a los gaditanos esa inversión de 21 millones en 1.226 viviendas que se realizará en materia de vivienda en la ciudad, desde Matadero a La Paz pasando por el Cerro del Moro”, ha apuntado, resaltando que “el Gobierno andaluz ha sido sensible a peticiones como la renovación de convenios con comunidades de vecinos, instalación de ascensores y ayudas al alquiler”.

Con todo, ha concluido recalcando que “es una apuesta que no viene de nuevas o coincida con el cambio de color del ayuntamiento, pues como sabéis entre los años 99 y 2013, se produjo una inversión histórica en rehabilitación de viviendas y eliminación de la infravivienda en el casco antiguo de Cádiz por valor de hasta 181 millones de euros”.

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