Puerto Real pide a Costas paralizar el desalojo de las casetas de la Isla del Trocadero
El Ayuntamiento reclama suspender el procedimiento de recuperación de dominio público y plantea un plan conjunto que ordene el espacio y reconozca su valor histórico y social
El Ayuntamiento de Puerto Real ha solicitado a la Demarcación de Costas la suspensión del proceso de desalojo de las casetas de la Isla del Trocadero tras la apertura de 159 expedientes de recuperación de dominio público acordados el 12 de enero. La resolución concede diez días para abandonar el terreno y retirar construcciones, un plazo que ha generado preocupación entre los afectados, muchos de los cuales aseguran no haber tenido conocimiento previo del procedimiento.
El gobierno local pide que Costas no avance en la ejecución de la medida sin antes establecer un marco de diálogo y planificación que permita ordenar el espacio con criterios medioambientales, sociales e históricos. El Ayuntamiento propone elaborar un plan conjunto que determine un uso compatible con la protección del entorno y reconozca el valor cultural de la actividad que ha caracterizado esta zona durante décadas.
Las casetas de la Isla del Trocadero fueron levantadas históricamente por pescadores locales como parte de la actividad artesanal vinculada a la Bahía de Cádiz. El Ayuntamiento considera que este elemento constituye un testimonio de una forma de vida ligada a la pesca y que la intervención administrativa debería centrarse en regular la actividad en lugar de erradicarla.
El consistorio sostiene que la recuperación de la zona puede abordarse mediante una regulación que garantice la protección ambiental y paisajística, al tiempo que preserve el componente cultural de un espacio significativo en la memoria local. El gobierno municipal plantea que la Isla del Trocadero pueda convertirse en un referente medioambiental e histórico a través de la colaboración entre administraciones competentes.
La solicitud se produce en el contexto de un aumento de actuaciones en el litoral para recuperar terrenos de dominio público y ajustar actividades tradicionales a la normativa vigente de costas y protección ambiental. La respuesta de Costas determinará si se mantiene el procedimiento, si se amplían los plazos o si se abre una vía de negociación institucional.
