Javier de Burgos (1778-1848) fue un personaje político entre el despotismo ilustrado, el afrancesamiento y el liberalismo moderado, destacando por su fe en las reformas administrativas más que en la política en sí, algo no muy común en la España decimonónica, aunque tampoco sería el único. Precisamente esa preocupación por la administración le hizo servir en regímenes distintos, aunque siempre muy moderados. A Javier de Burgos siempre le movió la idea de que había que gestionar bien la administración para aumentar la riqueza de España, bajo un sistema político que podría bascular entre el despotismo ilustrado y el liberalismo doctrinario o conservador. Quizás podríamos calificarle como un precursor de la tecnocracia.
Nuestro protagonista nació en Granada y comenzó a cursar la carrera eclesiástica, pero muy pronto se inclinó hacia las ideas ilustradas, especialmente en relación con la economía política y la administración. Javier de Burgos colaboró con el gobierno de José I. Su afrancesamiento le obligó a marchar al exilio en 1812. Regresó a España en 1817. En tiempos del Trienio Liberal dirigió el periódico El Imparcial. En la Década Ominosa o Absolutista volvió a ser tenido en cuenta, precisamente en una época en la que Fernando VII decidió suavizar el absolutismo. Javier de Burgos era una baza ideal en esta etapa por su pensamiento y actitud técnica frente a lo estrictamente político. Así pues, Cea Bermúdez le nombró para el ministerio de Fomento, es decir, para procurar mejorar la economía y la riqueza de un país que llevaba mucho tiempo sufriendo una profunda crisis. En noviembre de 1833, Javier de Burgos planteó la reforma administrativa que le ha hecho pasar a la historia, la moderna división provincial de España, que casi ha llegado inalterada a nuestros días, aunque basada en un proyecto planteado en 1822.
En la Regencia de la Reina Gobernadora volvió a tener cierto protagonismo, ya que participó en la elaboración del Estatuto Real de 1834, obra de Martínez de la Rosa. Posteriormente fue diputado en 1843 y ministro de Gobernación en un gobierno de Istúriz. En esta responsabilidad restringió aún más el ya sufragio censitario vigente con una ley electoral claramente favorable a los propietarios.