Registran una propiedad en Jerez en la macrooperación que desarticula una red que defraudó 69 millones en alcohol

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, bajo la dirección de la Fiscalía Europea, han desmantelado una organización criminal internacional dedicada al fraude masivo de IVA en el sector de las bebidas alcohólicas. La operación, denominada ‘Gallagher’, ha permitido destapar un fraude de cerca de 69 millones de euros cometido entre los años 2018 y 2024. Entre las actuaciones llevadas a cabo, se ha practicado un registro en Jerez de la Frontera, dentro de un despliegue que ha abarcado también Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza y Valencia.

Según los datos facilitados, la red delictiva no tenía su base en Jerez, pero la provincia de Cádiz ha estado implicada en la fase de explotación de la operación mediante la inspección de propiedades relacionadas con el entramado empresarial que simulaba operaciones comerciales para evadir impuestos.

Durante los registros, las autoridades han intervenido cerca de 400.000 euros en metálico, más de un millón de euros en cuentas bancarias, 34 relojes de lujo, cinco coches de alta gama y un yate, además de solicitar el embargo de 21 inmuebles.

El grupo estaba dirigido por tres ciudadanos españoles y contaba con una estructura de 93 empresas ficticias en países como España, Portugal, Alemania, Malta y las Islas Turcas y Caicos. El fraude consistía en introducir grandes cantidades de alcohol en depósitos fiscales de varios países europeos, entre ellos España, desde donde se distribuían sin pagar el correspondiente IVA.

Para ello, utilizaban lo que se conoce como ‘missing traders’, empresas pantalla que desaparecían tras recibir el producto y facturar el IVA sin ingresarlo en Hacienda. El resultado era una reducción ilícita del precio final y una competencia desleal frente a distribuidores legales. Los beneficios eran posteriormente blanqueados a través de una red paralela de sociedades y testaferros.

La investigación, iniciada por el Área Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Valencia, ha contado con la participación de unidades de inspección y auditoría informática de varias comunidades, entre ellas Andalucía, y con la colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, entre otras.

La operación pone en valor el papel de la Fiscalía Europea (EPPO) en la protección de los intereses financieros de la Unión y la cooperación entre cuerpos de seguridad estatales y europeos para luchar contra el crimen económico de gran escala.