La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, Parálisis Cerebral y Autismo de Cádiz (FEPROAMI), han firmado hoy un acuerdo de colaboración con el fin de que ambas entidades participen en el programa de inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual y enfermedad mental ‘Juntos Somos Capaces’, que promueve Fundación Mapfre desde el año 2010. En la firma del acto han estado presentes el delegado territorial, Manuel Herrera; la presidenta de FEPROAMI, María Luisa Escribano; y Borja Alfaro, representante de la Fundación Mapfre.
El convenio tiene una duración de un año y consiste en acoger a una persona con discapacidad intelectual a través de prácticas formativas no laborales, durante un periodo de 100 horas, de lunes a viernes, a razón de 4 horas diarias. El trabajo que desarrollará esta persona será el de ordenanza en prácticas, lo que le permitirá adquirir habilidades y experiencia en los trabajos y tareas propias de la Delegación Territorial.
La persona participante tendrá en todo momento el apoyo necesario por parte de profesionales de FEPROAMI, que se encargará de facilitar toda la gestión documental necesaria (seguros, calendarios, tarjetas identificativas, control de firmas), así como el acompañamiento y seguimiento del candidato durante el período de prácticas, la intermediación con el tutor/a del organismo o el asesoramiento a compañeros de trabajo, entre otros. Por su parte, el candidato percibirá una beca de asistencia por parte de la Fundación Mapfre al finalizar las prácticas, así como un certificado de asistencia por parte de la Delegación Territorial.
El programa ‘Juntos Somos Capaces’ ha hecho posible que más de 4.000 empresas colaboren activamente con el programa, facilitando la inserción de más de 2.500 personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental.
El delegado territorial ha destacado en la firma de este convenio que la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de Cádiz, viene demostrando de manera continuada su gran compromiso con las personas más vulnerables, apoyando diferentes actuaciones a favor de las mismas tanto en el ámbito laboral, como en el de la vivienda, la educación, la alimentación o la salud. En ese sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía aprobó el pasado año la nueva Ley andaluza de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, que promueve la inserción laboral del colectivo, mediante la puesta en marcha de numerosas iniciativas en materia de empleo.
Herrera ha señalado que la norma pone el énfasis en la autodeterminación, en la capacitación y en el empoderamiento de las personas con discapacidad; en la vida independiente, en la perspectiva de género, así como en la accesibilidad universal y los apoyos individualizados cuando sean necesarios. Y en concreto, con respecto al ámbito del empleo, que es un asunto esencial en esta nueva Ley –trascendente para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la formación-, obliga a mantener en vigor un Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad, a propuesta de las Consejerías competentes en Empleo y Función Pública.
Así, se trata de un Plan en el que se han de incluir medidas sobre empleo ordinario, público y privado, y también protegido en centros especiales de empleo y enclaves laborales. Planes que deben tener un enfoque de género para intentar igualar las tasas de empleabilidad de hombres y mujeres con discapacidad.
En el caso de las medidas de acción positiva en el ámbito de la formación y el empleo, se establece como novedad que los cursos de formación para el empleo, organizados por la Junta de Andalucía, reservarán un 3% del número de plazas para personas con discapacidad, debiendo garantizarse como mínimo, independientemente del número de plazas convocadas, la reserva de una plaza para personas con discapacidad.
También se recoge expresamente la reserva de cupo en las bolsas de trabajo temporal de empleo público. Reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal hasta un cupo no inferior al 10% (el mínimo estatal es actualmente del 7%). Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.
Esta ley promueve específicamente el derecho a la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y vela por su cumplimiento recogiendo el régimen sancionador que está destinado a evitar las situaciones discriminatorias por motivo de la discapacidad.