Sanidad aprueba el Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia 2026 con más peso para la enfermería y nuevas normas administrativas

El Consejo Interterritorial da luz verde al Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia 2026, que actualiza los plazos, regula la donación de órganos y refuerza la seguridad jurídica en la aplicación de la ley en todo el Sistema Nacional de Salud.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado este jueves la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia 2026, un documento que actualiza los criterios de aplicación de la Ley Orgánica 3/2021 y que será de referencia obligada para todos los servicios de salud autonómicos, incluido el andaluz.

El nuevo manual, elaborado por el Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas, sustituye a la versión publicada en 2021 e incorpora cambios derivados de la experiencia acumulada en más de cuatro años de vigencia de la norma que regula la ayuda para morir.

Entre las principales novedades figura el reconocimiento formal de la enfermería como figura de referencia dentro del equipo asistencial. El texto concreta sus funciones en el acompañamiento a la persona solicitante, la preparación del entorno y el material necesario, así como la realización de los cuidados propios de su competencia profesional. También contempla su papel en la atención a familiares y cuidadores y en la orientación sobre recursos de apoyo en el duelo.

El manual establece además una estructura organizativa basada en unidades administrativas de apoyo, ya implantadas en varias comunidades autónomas. Estas unidades tendrán funciones de información a la ciudadanía, apoyo operativo a los profesionales sanitarios y coordinación con los servicios de salud para garantizar una aplicación homogénea de la prestación.

En relación con los plazos, el documento unifica criterios sobre los tiempos del proceso asistencial. Una vez reconocido el derecho a la prestación, el paciente podrá solicitar un aplazamiento de hasta seis meses, ampliando el margen temporal que hasta ahora no superaba uno o dos meses. También se regula la posibilidad de suspender temporalmente el procedimiento por circunstancias excepcionales.

Si el trámite se paraliza por causas atribuibles al solicitante y transcurren tres meses sin reactivación, la Comisión de Garantía y Evaluación correspondiente podrá cerrar y archivar el expediente, previa notificación. Ese cierre no impide que la persona pueda iniciar una nueva solicitud en el futuro.

El texto recoge igualmente la recomendación de aplicar una tramitación abreviada en los casos en los que exista riesgo de pérdida inminente de capacidad o fallecimiento, con el objetivo de reducir los tiempos al mínimo posible sin afectar a las garantías legales previstas en la ley.

Otra de las incorporaciones es la actualización del Registro Nacional de Instrucciones Previas. Tras la reforma legal de 2022, este registro permite incluir de forma específica la solicitud de ayuda para morir dentro del documento de voluntades anticipadas, de modo que quede constancia clara en el historial clínico del paciente.

La segunda edición del manual incide también en la correcta cumplimentación de los certificados de defunción. Recuerda que el fallecimiento derivado de la prestación de ayuda para morir tiene la consideración legal de muerte natural. Según el Ministerio, esta aclaración busca evitar problemas administrativos posteriores para las familias, como incidencias con pólizas de seguros o trámites sucesorios. Para ello, recomienda a las administraciones garantizar la disponibilidad de los certificados para su tramitación ágil.

El documento incluye por primera vez un apartado específico sobre la donación de órganos tras la eutanasia, adaptado a los protocolos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El manual establece que esta opción debe ofrecerse de forma independiente y sin interferir en el proceso de solicitud de la prestación.

Asimismo, se refuerzan las medidas de accesibilidad para personas con discapacidad. Los centros sanitarios deberán asegurar que la información y los procesos deliberativos estén disponibles en formatos accesibles, como lectura fácil, Braille, pictogramas o intérpretes de lengua de signos.

El Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia 2026 será la guía técnica para los profesionales sanitarios encargados de tramitar y aplicar esta prestación en hospitales y centros de salud de todo el país. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio, 565 personas recibieron ayuda para morir en 2025 en España.

La actualización aprobada este 10 de julio busca unificar criterios en todas las comunidades autónomas y dar respuesta a las cuestiones prácticas surgidas desde la entrada en vigor de la ley, que convirtió en 2021 a España en uno de los países que regulan este derecho bajo condiciones y garantías específicas.