Sanidad lanza una campaña contra el estigma del aborto y reclama más atención pública

La campaña contra el estigma del aborto defiende una asistencia respetuosa y recuerda que casi ocho de cada diez interrupciones del embarazo se realizaron en centros privados en 2024

El Ministerio de Sanidad ha presentado este 22 de septiembre una campaña contra el estigma del aborto centrada en combatir la culpa y los juicios asociados a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa reivindica el derecho de las mujeres a recibir información, acompañamiento y atención sanitaria con independencia de cómo afronten su decisión.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido durante la presentación que no existe una única forma de vivir este proceso. “No hay que demostrar sufrimiento para que la decisión merezca respeto”, ha afirmado al exponer el planteamiento de una campaña que también aborda las distintas emociones que pueden experimentar las mujeres antes, durante y después de abortar.

García ha señalado que algunas mujeres sienten alivio, otras tristeza y que también existen experiencias marcadas por las dudas o por una decisión tomada con claridad desde el principio. La ministra ha añadido que una misma persona puede atravesar diferentes estados emocionales y que todas deben recibir la misma consideración por parte del sistema sanitario.

El mensaje incluye asimismo el derecho de cada mujer a hablar de su experiencia o mantenerla en el ámbito privado, así como a solicitar ayuda en cualquiera de las fases del proceso. La campaña sitúa de este modo el acompañamiento y el respeto a la intimidad entre los elementos que deben formar parte de la asistencia.

La iniciativa se dirige también a los servicios sanitarios y a los responsables de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Durante la presentación, Sanidad indicó que casi ocho de cada diez abortos practicados en España durante 2024 se realizaron en centros privados. En la Comunidad de Madrid, ese porcentaje superó el 99%.

A partir de estos datos, García ha reclamado que la sanidad pública esté preparada tanto para atender el embarazo y el parto como para prestar asistencia cuando una mujer decide interrumpir la gestación. Para ello, ha enumerado la necesidad de disponer de profesionales suficientes, formación, circuitos asistenciales definidos e información sobre los métodos disponibles.

La ministra también se ha referido a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Según ha manifestado, se trata de un derecho individual cuya organización debe ser compatible con el acceso efectivo de las mujeres al aborto, de manera que su ejercicio no impida la prestación sanitaria reconocida por la legislación.

Esta cuestión ha formado parte del conflicto entre el Ministerio y la Comunidad de Madrid por la creación del registro de personas objetoras de conciencia. García ha explicado que, tras una comprobación realizada con fecha de 1 de septiembre, el departamento considera que la Administración madrileña solo había iniciado los primeros trámites para poner en marcha ese registro.

Ante esta situación, el Ministerio ha solicitado a la Abogacía del Estado que adopte las medidas que estime oportunas para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la justicia. García ha responsabilizado al Gobierno autonómico madrileño de obstaculizar la aplicación de este instrumento, una valoración formulada en el contexto del enfrentamiento institucional sobre su desarrollo.

La presentación ha concluido con un mensaje dirigido a las mujeres sobre su derecho a recibir atención sanitaria y a que se respete su decisión. Sanidad sostiene que esa asistencia debe estar disponible también en el sistema público y adaptarse a las distintas circunstancias personales y emocionales que pueden acompañar a una interrupción voluntaria del embarazo.