El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido a Vox que no use el ataque perpetrado por el presunto yihadista de enero en Algeciras (Cádiz) en el que falleció el sacristán Diego Valencia para «dinamitar» la convivencia existente en este municipio de la provincia.
Así lo ha manifestado el consejero en respuesta a una pregunta formulada por Vox en la comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa relativa a este atentado islamista, cuyo autor se encuentra en prisión por los hechos.
Sanz ha mostrado su rechazo «más absoluto» a que este «episodio aislado» se use «de forma partidista para dinamitar la sana convivencia e integración que existe en Algeciras», un municipio en el que hay presentes «más de 120 nacionalidades distintas». «Sería profundamente injusto que se usara este asesinato para la demonización de ciertos colectivos, ya que la inmensa mayoría de la población muestra un respeto absoluto al que tiene creencias religiosas distintas», ha aseverado.
En esa línea ha rechazado que se vincule «el fanatismo del terrorismo yihadista» con «la convivencia de múltiples nacionalidades, culturas y religiones» en Algeciras, una ciudad que es «ejemplar» a este respecto.
Sanz ha recordado además al representante de Vox que la Junta de Andalucía no tiene competencias en materia de costas, de lucha antiterrorista y de control de la migración. No obstante, ha transmitido su «apoyo» y «admiración» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reclamando que éstos cuenten con «medios y mejores condiciones» para su trabajo.
«No hay riesgo cero, por lo tanto, siempre estamos todos sometidos al riesgo frente a un terrorismo internacional, lo que nos lleva a fortalecer nuestro apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha señalado.
Por su parte, el representante de Vox Benito Morillo Alejo ha reconocido que la Junta no tiene competencias en este asunto pero le ha pedido «que deje de mirar hacia otro lado» y «presione» al Gobierno para que se tomen medidas ante «la inmigración irregular» y se realice «un control riguroso» de las fronteras y «la expulsión inmediata» de quienes hayan entrado en España «de forma irregular», asegurando que esto es «un peligro real».