La nueva norma que prepara la Junta permitirá simplificar y agilizar los trámites con garantía jurídica y medioambiental
La delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz Ana Mestre, acompañada de la delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Mercedes Colombo, ha informado este miércoles de que la consejera, Marifrán Carazo, dio cuenta en el último Consejo de Gobierno de la situación en la que se encuentra la planificación urbanística en Andalucía por la complejidad normativa, por una excesiva lentitud en la tramitación y por una invasión de las competencias locales en la toma de decisiones.
Mestre ha calificado de “decepcionantes” los datos que “nos hemos encontrado y sin duda alguna debemos ofrecer mayor responsabilidad y agilidad por parte del nuevo Gobierno que dirige Juanma Moreno, para poner en orden el planeamiento de nuestra tierra”. La delegada añade que “la nueva norma que estamos preparando va a permitir simplificar la burocracia y agilizar los trámites con total garantía jurídica y medioambiental”.
La delegada del Gobierno de la Junta afirma que “desde la Junta de Andalucía, a través de su delegación territorial de Fomento en Cádiz, con Mercedes Colombo a la cabeza, estamos trabajando porque queremos ser la Administración que ayude, que desatasque y venga a ser cómplice de las aspiraciones de los municipios y esas aspiraciones se plantean dentro del Plan General y tienen que estar adaptadas a la Ley de Ordenación del Territorio”.
Ana Mestre aboga por “la unificación de criterios y solicita la colaboración de los ayuntamientos para poder subsanar las deficiencias, reduciendo significativamente los plazos”.
El informe presentado por la consejera constata que tres de cada cuatro municipios andaluces no disponen de instrumento de planeamiento general adaptado plenamente a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor hace 16 años, en 2003. En concreto, 607 municipios de los 786 existentes (un 77 por ciento) no se han adaptado totalmente a la LOUA. En el caso de Cádiz, el número se concreta en 31 municipios.
El 82% de los municipios andaluces se encuentra actualmente tramitando un nuevo planeamiento, es decir, que 496 planes urbanísticos están atascados (18 en la provincia) o bien a la espera de superar trámites para su aprobación definitiva –en este caso 135 (5 en la provincia)– o bien en fases más iniciales, con un total de 361 en Andalucía, en fase de avance (9 en Cádiz), aprobación inicial o pendientes de aprobación provincial (4 en la provincia).
Mestre se refiere a que “este informe resalta que la principal causa del retraso en la tramitación de los planes genera-les ha sido la complejidad de la normativa urbanística y medioambiental y destaca que mientras en el año 2009, entre la aprobación inicial y la definitiva, existía una media de 2,7 años, en la actualidad esa media se sitúa en 9 años”. Si se cuentan los tiempos de tramitación de los avances, el plazo de tramitación de estos planes urbanísticos supera ampliamente los 10 años. A este respecto, la Consejería ya ha comunicado a los ayuntamientos afectados que tienen que publicar sus instrumentos de planeamiento general lo antes posible.
Frente a esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha adoptado distintas medidas para agilizar la tramitación y aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico que han tenido como resultado un avance significativo en la aprobación de planes en las distintas comisiones territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En los seis primeros meses de este Gobierno del cambio se han celebrado doce sesiones de las comisiones territoriales. Además, se han tratado 44 asuntos, de los que destaca la aprobación definitiva de cuatro PGOU –Taberno (Almería), Villamartín (Cádiz) y Macharaviaya y Ardales (Málaga)– y el levantamiento de la suspensión que operaba desde hace años en otros seis planes –Quesada (Jaén); Torremolinos, Jimera de Líbar y Júzcar (Málaga); Algámitas y Puebla de Cazalla (Sevilla)–.
La delegada ha subrayado que “el documento resalta asimismo que en estos meses se han aprobado seis instrucciones para acortar plazos de tramitación y aprobación, unificar y aclarar la aplicación de la normativa urbanística y ganar flexibilidad en el desarrollo de los planes generales”.
Entre ellas, destaca la eliminación del trámite de aprobación provisional en instrumentos de planeamiento tramitados y aprobados por la misma administración, la unificación de criterios para resolver la aprobación definitiva o la creación de mesas de trabajo con los ayuntamientos para la subsanación de deficiencias y suspensiones de los PGOU, reduciendo significativamente los plazos (pasando de más de un año a unos cuatro meses).
Todo ello se ha puesto en marcha con independencia de las restantes medidas de agilización y simplificación que se incluirán en la nueva ley urbanística de Andalucía, que abogará por una Administración más ágil, con unas reglas de juego claras y sencillas, en las que prime la calidad de los ciudadanos, la seguridad jurídica y actuaciones que sean ambiental, económica y socialmente sostenibles y que escuche e implique en el proceso a todas las administraciones, muy especialmente a los ayuntamientos.
Para terminar Mestre aboga por una Administración ágil que permita “impulsar y acortar los plazos, y que posibilite que el planeamiento urbanístico de Andalucía propicie generación de empleo, modernización de nuestro territorio y podamos demostrar que somos una administración que se adapte a la necesidad de todos porque lo contrario estaba siendo un freno para el desarrollo y progreso de nuestra tierra”.