La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha celebrado un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas con motivo del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El acto ha consistido en la lectura de los nombres de las 52 víctimas mortales que la violencia machista se ha cobrado este año en España. Durante la lectura de los nombres se han ido cortando y depositando en una cesta los lazos del año del ‘árbol de la esperanza’, plantado en la fachada de la Subdelegación y que recuerda los nombres de cada una de las víctimas.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha señalado que “el problema es que se sigue asesinando a mujeres por el hecho de ser mujeres, porque seguimos teniendo una sociedad con una estructura desigual en la que ciertos hombres siguen considerando a las mujeres como objetos y que pueden disponer de ellas y de su vida como quieran”.
“Como sociedad tenemos que erradicar estas conductas. No podemos ser una sociedad avanzada, tecnológica, del siglo XXI, que vamos por delante en muchas cosas y que exista todavía ese pensamiento, eso es impensable y hay que superarlo. Días como el de hoy sirven para reivindicar que no sea necesario contar ni una mujer más asesinada por su pareja o expareja”, ha reflexionado el subdelegado.
A continuación, se ha leído un texto institucional contra la violencia sobre las mujeres. En la lectura han participado la secretaria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, Sandra Pérez; Silvia Gómez, secretaria de Condiciones en el Trabajo e Igualdad CCOO Cádiz; Cristina Carrasco, teniente de la Guardia Civil; Luisa Rebollo, inspectora de la Policía Nacional; Alba Rodríguez, una trabajadora social de la Asociación APERFOSA (que atiende a mujeres víctimas de trata); y el subdelegado, José Pacheco.
En la declaración el Gobierno de España manifiesta “su más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista, una violencia estructural que es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y reitera su firme determinación en la consecución de una sociedad más igualitaria, libre de violencia contra las mujeres”.
“La violencia contra las mujeres vulnera el derecho fundamental a la vida, a la libertad, a la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad de las mujeres, y los derechos de la infancia. Impacta en el derecho a decidir libremente sobre el desarrollo de la propia vida, de la propia sexualidad, de manera segura, sin sufrir injerencias por parte de terceros y libre de coacción, discriminación y violencia”.
“Este compromiso se ha traducido en la adopción y el desarrollo de un conjunto de normas y políticas públicas cuyo objetivo es la prevención, la respuesta integral y la reparación frente a todas las manifestaciones de la violencia machista, poniendo siempre a las víctimas en el centro, para garantizar su seguridad, su protección, sus derechos, su bienestar, y sus necesidades” señala esta declaración.
“Para la erradicación de la violencia contra las mujeres es necesario promover cambios profundos a nivel sociocultural para detectar y eliminar toda práctica que perpetúe la opresión de las mujeres o refuerce los roles y estereotipos patriarcales que obstaculizan el ejercicio efectivo de derechos y libertades en condiciones de igualdad. Este debe ser un objetivo básico e ineludible de las políticas públicas para cualquier gobierno que esté comprometido con la protección de los derechos humanos. Es una tarea para el conjunto de la sociedad”.