Sumar lleva al Congreso las compensaciones por el alga asiática para la flota artesanal de Cádiz

El grupo parlamentario registra ocho preguntas al Gobierno sobre las compensaciones por el alga asiática, el plan estatal pendiente y la regulación de su comercialización

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados ocho preguntas dirigidas al Gobierno sobre la situación de la flota pesquera artesanal del Estrecho de Gibraltar y la aplicación de compensaciones por el alga asiática. La iniciativa reclama ayudas económicas ante las pérdidas de capturas y los daños en las artes de pesca atribuidos a la expansión de la especie invasora Rugulopteryx okamurae en la costa gaditana.

La diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, sostiene que la proliferación del alga ha adquirido alcance estatal y que sus costes están siendo asumidos durante años por los pescadores y los municipios afectados. El grupo pregunta expresamente al Ejecutivo si contempla un plan de compensaciones económicas para las flotas perjudicadas por la escasez de capturas.

La formación también quiere conocer en qué fase se encuentra el Plan Estatal de Intervención frente al alga y cuándo prevé el Gobierno ponerlo en marcha. Otra de las cuestiones plantea si existe una memoria económica para 2027 que permita desarrollar un plan de acción coordinado con las comunidades autónomas afectadas.

La Comisión de Industria y Turismo del Congreso aprobó el 28 de octubre de 2025, a iniciativa de Sumar y con el voto en contra del PSOE, una proposición no de ley con varias medidas. El texto instaba al Gobierno a impulsar el plan estatal, abrir una línea de apoyo económico para la valorización del alga, fijar una cuota extraordinaria de al menos diez toneladas de atún sedentario por barco para la flota artesanal del Estrecho y regular la comercialización del alga recogida de manera accidental durante la pesca.

Sumar afirma que esas medidas continúan pendientes casi once meses después. La diputada considera insuficiente la autorización de pesca fortuita de atún rojo concedida a más de 6.000 embarcaciones de todo el litoral, con un volumen total de 233,92 toneladas.

Según la formación, el sector pesquero gaditano ha valorado esa autorización como un avance, pero también ha criticado que mantenga el planteamiento de un borrador anterior sin incorporar sus alegaciones. La medida tampoco equivale, según esta interpretación, a la cuota específica para la flota artesanal del Estrecho recogida en la proposición aprobada por el Congreso.

Entre los datos aportados por Sumar figuran los de la Federación Nacional de Pesca Artesanal (Fepana), que sitúan en unas 610 las embarcaciones activas de la flota artesanal andaluza. En el caladero de Conil, las capturas descendieron un 48,8% entre 2015 y 2024, de acuerdo con las cifras citadas por el grupo parlamentario.

Los datos reseñados también incluyen estimaciones de pérdidas de hasta el 100% en la pesca con trasmallo y del 50% en la de arrastre en Estepona durante los grandes episodios de arribazón. En el entorno del Estrecho, Sumar cifra en al menos 100.000 toneladas la biomasa de esta especie invasora y alude a fuertes incrementos en la retirada de algas en municipios como Rota, Algeciras y Tarifa, con volúmenes que han llegado a superar las 11.000 toneladas durante un solo verano.

Las preguntas remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica incluyen la existencia de un registro de varamientos y de las toneladas retiradas por los municipios. Sumar solicita además una fecha para revisar la estrategia nacional, que considera desfasada ante la llegada del alga a nuevos territorios.

La iniciativa parlamentaria aborda igualmente la coordinación con el Ministerio de Agricultura y Pesca para cuantificar las pérdidas sufridas por la flota tanto en sus artes como en las capturas. También pregunta cuándo se activará la línea de apoyo a la valorización y comercialización sostenible de la especie y en qué situación se encuentra la normativa para recoger y comercializar el alga capturada accidentalmente.

Andalucía aprobó en julio de 2025 su plan de gestión frente a la Rugulopteryx okamurae, un requisito exigido para solicitar la excepción prevista en el artículo 9 del Reglamento europeo sobre especies exóticas invasoras. Sumar sostiene que el Estado todavía debe realizar el trámite correspondiente ante la Comisión Europea.

La Junta de Andalucía declaró el 29 de abril de 2026 como causa de fuerza mayor la llegada masiva de arribazones. Esta decisión permitió eximir a los ayuntamientos costeros del impuesto estatal sobre el depósito de residuos generado por la retirada del alga de las playas.