La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia ha mantenido esta mañana un encuentro con representantes de la escuela pública de la Bahía de Cádiz, acompañada por los candidatos de la provincia José Ignacio García, Marián Gil Hita y David de la Cruz.
Desde Adelante Andalucía “apostamos por un sistema educativo 100% público. Los conciertos deben ser subsidiarios de la pública. Así fue su concepción cuando se estableció y así debe seguir siendo, no se puede blindar la concertada durante siete años mientras se desmantela la pública”. La candidata a la Presidencia por la formación andalucista de izquierdas ha mantenido esta mañana un encuentro con representantes de la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz, la FLAMPA Gades, la AMPA del colegio Viento Sur del Río San Pedro y el Sindicato de Estudiante en la que se ha trazado una radiografía sobre la situación de la escuela pública en la Bahía de Cádiz. Reunión en la que han estado acompañados por el número dos por la candidatura de Cádiz, José Ignacio García, Marián Gil Hita y David de la Cruz.
La educación pública tiene entre sus objetivos “la convergencia social, que todo el alumnado tenga igual de oportunidades para mejorar en la vida, la libertad de conciencia y la libertad de credo”. “Lo que existe en España es una excepcionalidad, ya que damos fondos de la pública a empresas y entidades privadas, que con ese dinero contratan a su arbitrio y organizan gran parte del sistema educativo”, ha recordado Rodríguez, quien ha denunciado el cierre sistemático de líneas tanto por parte del Gobierno del PSOE como por el del PP. “Ha habido un retroceso en la oferta de centros públicos, mientras se ha blindado a la concertada. Se podría haber aprovechado perfectamente la situación de bajada de la natalidad para bajar las ratios en las escuelas”, ha razonado la candidata antes de poner el foco en el hecho de que “la libertad de elección que se atribuye habitualmente a las familias de la concertada afecta también a las familias de la pública. Es decir, padres que deciden llevar a sus hijos a la escuela pública se encuentran sin plaza porque se recortan líneas”. Por ello, Adelante Andalucía ha resaltado la necesidad de que salga adelante la iniciativa legislativa popular que, impulsada por la comunidad educativa, reclama esa bajada de ratios que permitirá que la escuela pública andaluza sea una “escuela del siglo XXI”.
En paralelo, ha señalado la urgente y pendiente dignificación de los estudios de Bachillerato y FP. “Nos parece lamentable que se esté apostando por un modelo en el que al final todos van a tener que recurrir a la educación privada”, ha contado durante la atención a medios posterior al encuentro, y recordado “los vasos comunicantes con el Gobierno” de Andalucía. “Las plazas que se ofertan en la pública son tan pocas y tan alejadas de los lugares donde viven las familias, que se está dejando un campo abierto a la privatización de esa formación y, por tanto, a la exclusión de un número importante de alumnos por la vía del pago de la matrícula”.
“Es una barbaridad que en centros con demanda y solicitudes de escolarización se estén cerrando líneas en vez de bajar la ratio, y después se les llenará la boca con la calidad educativa y con lo de parecernos a Finlandia. Pues si quieren parecerse un poquito a Finlandia, que pongan el mismo número de alumnos por clase de Finlandia”, ha sentenciado por su parte José Ignacio García, quien ha puesto el acento en la falta de recursos que el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla destina al alumnado con necesidades educativas especiales. “Tenemos a alumnos y a alumnas que no tienen a sus profesionales, imprescindibles para que puedan tener un desarrollo educativo. En este sentido, pedimos que se garantice que todos los centros tengan un orientador u orientadora, PT o un profesor de audición y lenguaje además de un monitor de educación especial; y que, además, se baje la ratio para que el orientador o la orientadora atienda a un máximo de 250 alumnos; los PT a un máximo de 10 y los monitores y monitoras, no más de seis”.
“Estos datos no nos lo hemos inventado nosotros, son los números que piden ONU y la UNESCO, y una administración que se preocupe por la educación pública debería garantizarlos”, ha explicado para finalizar.