Un detenido tras detectar intrusismo en la seguridad privada en El Puerto
La investigación sobre intrusismo en la seguridad privada en El Puerto descubrió servicios de vigilancia en obras realizados por personal sin habilitación y una empresa sin autorización.
La Policía Nacional ha detenido a una persona por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores tras detectar intrusismo en la seguridad privada en El Puerto de Santa María. La actuación se centra en servicios de vigilancia prestados en obras de construcción por personas sin la habilitación profesional exigida.
La investigación fue desarrollada por la Unidad Local de Seguridad Privada de El Puerto a partir de varias informaciones sobre la posible realización irregular de funciones de vigilancia y protección. Las inspecciones permitieron localizar a varias personas que efectuaban rondas perimetrales y vigilaban recintos, maquinaria, materiales de construcción e instalaciones para prevenir posibles robos, según informó la Policía Nacional el 23 de octubre.
Las comprobaciones realizadas por los agentes incluyeron la toma de declaraciones y el análisis de documentación relacionada con los servicios prestados. A partir de estas gestiones, la Policía constató que la empresa responsable carecía de la autorización administrativa necesaria para desarrollar actividades de seguridad privada.
En el marco de estas actuaciones fue arrestada una persona por su presunta relación con un delito contra los derechos de los trabajadores. Los agentes instruyeron las correspondientes diligencias policiales por estos hechos.
La investigación también ha derivado en propuestas de sanción administrativa por presuntas infracciones muy graves de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Estas propuestas se refieren tanto a la prestación de servicios sin la autorización administrativa obligatoria como al ejercicio de tareas reservadas al personal de seguridad por parte de personas que no contaban con la habilitación requerida.
La Policía también ha planteado la posible existencia de responsabilidad administrativa por la contratación de estos servicios. Esta vía se tramita de forma paralela a las diligencias abiertas en relación con el presunto delito contra los derechos de los trabajadores atribuido a la persona detenida.
Las funciones detectadas durante las inspecciones se encuentran dentro de las actividades sometidas a la normativa sobre seguridad privada. La vigilancia y protección de bienes, establecimientos e instalaciones debe ser desarrollada por trabajadores habilitados e integrados en empresas autorizadas por el Ministerio del Interior e inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada.
La actuación policial distingue así entre la situación de la compañía que prestaba los servicios, la de las personas que realizaban las tareas de vigilancia sin la correspondiente acreditación y la eventual responsabilidad de quienes contrataron esas labores. Las conductas observadas pueden dar lugar a diferentes consecuencias administrativas, además de la investigación penal abierta.
La regulación del sector establece requisitos específicos de formación, habilitación y control para quienes desempeñan estas funciones. Según la Policía Nacional, el empleo de personal sin acreditación en tareas de vigilancia puede afectar a esas garantías y generar situaciones de vulnerabilidad laboral para las personas que prestan el servicio.
Las actuaciones se desarrollaron en obras de construcción de El Puerto de Santa María, donde los agentes comprobaron que las labores no se limitaban a tareas auxiliares. Las personas inspeccionadas realizaban rondas por el perímetro y controlaban los espacios y bienes existentes en los recintos, funciones que la normativa reserva al personal de seguridad privada debidamente habilitado.
