Adelante Izquierda Gaditana y la APDHA llevan al Ayuntamiento de Cádiz una propuesta sobre la finca de Suárez de Salazar, 5 tras detectarse una plaga de termitas y posibles daños estructurales que afectan a varias familias, entre ellas una madre con una menor de tres años.
La situación de la finca ubicada en el número 5 de la calle Suárez de Salazar llegará este jueves, 28 de mayo, al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz. Adelante Izquierda Gaditana (AIG) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz han registrado una moción por vía de urgencia para reclamar medidas ante el deterioro del inmueble, donde residen varias familias.
El edificio arrastra, según exponen ambas entidades, problemas de conservación desde hace años. Parte de las viviendas permanecen cerradas y apuntaladas y, recientemente, se ha detectado una infestación de xilófagos (termitas). Esta circunstancia ha sido confirmada por informes de la Delegación de Salud, que alertan del nivel de afectación y de los riesgos existentes.
Además de la plaga, se han trasladado a distintas administraciones denuncias vecinales por el estado del inmueble y por la posible existencia de daños estructurales, cuyo alcance, según la información facilitada, no ha sido evaluado de forma exhaustiva.
Entre las personas residentes se encuentra una madre con una hija menor de tres años. AIG y APDHA han mostrado su preocupación por las condiciones de habitabilidad en las que viven y por las posibles consecuencias para la salud de la menor.
La moción que se debatirá en el Pleno plantea cuatro medidas. En primer lugar, instar de forma inmediata a la propiedad del edificio a ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y habitabilidad. En caso de incumplimiento, proponen que el Ayuntamiento actúe mediante ejecución subsidiaria.
Asimismo, solicitan que se valore con carácter urgente una posible declaración de inhabitabilidad si así lo determinan los informes técnicos, y que se garantice una alternativa habitacional transitoria para la familia especialmente afectada mientras persista la situación de riesgo.
La responsabilidad del mantenimiento del inmueble recae en la propiedad, aunque el grupo municipal recuerda que el Ayuntamiento dispone de competencias en materia de inspección, disciplina urbanística y protección de la seguridad y la salubridad pública.
La portavoz adjunta de AIG, Helena Fernández, ha señalado que “el derecho a una vivienda digna y adecuada está reconocido constitucionalmente y las administraciones públicas no pueden permanecer impasibles cuando existen riesgos evidentes para la salud y la integridad de las personas”. También ha advertido de que, cuando hay menores en un entorno con problemas estructurales y condiciones insalubres, la intervención debe ser inmediata.
