Universidades andaluzas critican los cambios en la LUPA y alertan de riesgos para la autonomía universitaria

Las universidades públicas denuncian que los cambios en la LUPA Andalucía introducen artículos no consensuados, cuestionan la autonomía universitaria y exigen financiación suficiente para aplicar la ley.

Las Universidades Públicas de Andalucía han trasladado su preocupación por los cambios en la LUPA Andalucía durante su comparecencia en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz. A través de su portavoz, Paco Oliva, han advertido de que el texto del Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía que ha llegado a la Cámara incorpora modificaciones sustanciales respecto al borrador inicial, que sí contó con el respaldo de las instituciones académicas. Las universidades consideran que estos cambios en la LUPA Andalucía no han sido consensuados y podrían vulnerar la autonomía universitaria reconocida por la Constitución y desarrollada en la normativa estatal.

Oliva ha recordado que las universidades mantuvieron durante meses un proceso de diálogo con la Consejería competente en el que se alcanzó un borrador en 2024 que obtuvo un informe favorable. Sin embargo, el texto actual difiere en aspectos esenciales de aquel documento. Este giro ha llevado a las instituciones a expresar formalmente su preocupación ante los grupos parlamentarios, al entender que se altera el equilibrio entre el marco autonómico y la legislación estatal.

Uno de los puntos que genera mayor alarma es la posible afectación al derecho fundamental a la autonomía universitaria. Las universidades señalan que algunos preceptos introducidos en los cambios en la LUPA Andalucía suponen una injerencia directa de la administración autonómica en competencias que la LOSU reserva de forma explícita a las propias universidades. Entre ellos, destaca la previsión de que la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente y del personal de administración y servicios deba ser aprobada mediante una Orden de la Consejería, algo que las instituciones consideran contrario al núcleo esencial de su autogobierno.

Las críticas alcanzan también a la fijación por ley de un número máximo de integrantes para órganos colegiados como el Claustro, el Consejo de Gobierno, los centros y los departamentos. Las universidades recuerdan que la determinación de la composición de estos órganos corresponde a los Estatutos de cada institución, de acuerdo con la LOSU. Entienden que esta regulación detallada en los cambios en la LUPA Andalucía restringe su capacidad de organización interna y reduce el margen de adaptación a sus propias realidades.

En materia de personal, las universidades rechazan la revisión semestral por parte de la Consejería de las causas que justifican la contratación de profesorado sustituto, así como la creación de nuevas figuras contractuales no contempladas en la legislación estatal. Consideran que estas medidas generan inseguridad jurídica y pueden dificultar la planificación de las plantillas. Otro elemento controvertido es la obligatoriedad de incorporar una figura de interventor externo perteneciente a cuerpos específicos de las Administraciones públicas, pese a que las universidades ya cuentan con sistemas de control económico que incluyen Consejos Sociales, auditorías externas y la fiscalización de la Cámara de Cuentas.

Las instituciones académicas cuestionan, además, la ampliación de funciones de los Consejos Sociales y su mayor dependencia del Gobierno andaluz. Les preocupa especialmente que se les otorgue la competencia de aprobar el Plan Plurianual de Financiación, por entender que puede condicionar la planificación estratégica del sistema universitario. También reclaman recuperar en el articulado la referencia a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, presente en borradores anteriores y eliminada en la versión actual.

Respecto a las universidades privadas, Oliva ha defendido que los programas de becas financiados con fondos públicos deben dirigirse exclusivamente al estudiantado de la enseñanza pública. Asimismo, ha reclamado que las universidades privadas aún no constituidas cumplan la totalidad de los requisitos legales antes de iniciar su actividad académica, para garantizar la calidad y la igualdad de condiciones en el sistema.

En el plano económico, las universidades subrayan que la ley será irrealizable si no va acompañada de una financiación suficiente. Han insistido en la necesidad de alcanzar cuanto antes el objetivo del 1 por ciento del PIB en financiación universitaria recogido en la LOSU. Según advirtió Oliva, una ley sin respaldo presupuestario corre el riesgo de quedar en papel mojado o, incluso, de comprometer la sostenibilidad del sistema público andaluz.

En su intervención final, el portavoz de las universidades públicas ha insistido en que el objetivo compartido es aprobar una norma sólida, estable y útil para el futuro del sistema universitario andaluz. Ha subrayado que los cambios en la LUPA Andalucía deben respetar la autonomía universitaria y ajustarse al marco estatal para garantizar su viabilidad a largo plazo. Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que revisen los artículos más conflictivos durante el trámite de enmiendas con el fin de alcanzar un texto ampliamente consensuado y capaz de perdurar.