USO denuncia que la Junta discrimina a los centros de FP concertados al impedirles optar a subvenciones para adquirir simuladores

María de la Paz Agujetas
María de la Paz Agujetas

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FEUSO Andalucía) ha registrado una queja formal por la que denuncia un nuevo caso de discriminación de la Junta de Andalucía a los centros concertados de Formación Profesional, a los que se les impide poder optar a la convocatoria de subvenciones para incorporar simuladores o mecanismos digitales en el aula o en el taller para el refuerzo del aprendizaje en FP para el presente curso, a la que sólo podrán concurrir los centros públicos.

“No entendemos a qué criterio obedece esta decisión de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, cuando su papel es el de garantizar las mismas oportunidades a los alumnos de todos los centros sostenidos con fondos públicos, más si cabe cuando nos referimos a una cuestión crucial en sus vidas como es poder acceder a la formación que les conducirá a un puesto de trabajo digno que garantice su libertad y su realización personal”, subraya la secretaria general de FEUSO Andalucía, María de la Paz Agujetas.

Desde la Federación de Enseñanza de la USO se recuerda a la administración autonómica que los centros de titularidad privada (concertados y privados) concentran en toda Andalucía a más de 60.000 alumnos de FP Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y que, en relación con esta medida, serían 230 los centros que recibirán un trato discriminatorio si no se modifica el actual criterio para optar a las ayudas.

Para subsanar esta situación, desde FEUSO Andalucía se solicita a la Consejería de Educación y Deporte una rápida rectificación de la Resolución de 14 de diciembre de 2020 de su Dirección General de Formación Profesional, de modo que se les permita a los centros concertados poder participar en esta convocatoria de ayudas para adquirir estos simuladores o mecanismos digitales. Estas ayudas se sustentan en los fondos del programa REACTIVAFP 20-21, financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Por desgracia, no es la primera vez en este mismo curso que la Junta de Andalucía somete al alumnado andaluz de los centros concertados a una situación discriminatoria. En septiembre, cuando se estableció que se les realizara a los alumnos de FP pruebas de detección de la COVID-19 antes de emprender sus prácticas profesionales, esta medida tan sólo se hizo extensiva a los centros públicos. Pese a la que queja formal expuesta entonces por FEUSO Andalucía, desde la Consejería de Educación y Deporte aún no se ha emitido respuesta, aunque desde este sindicato se espera obtener alguna de cara al inicio de las primeros bloques de prácticas presenciales, que tendrán lugar en el próximo mes de enero.

“Desde FEUSO Andalucía no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante esta nueva y flagrante discriminación e insistiremos para que se haga justicia y todos los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos de la región reciban un trato justo y equitativo, más si cabe cuando estamos hablando de garantizarles los instrumentos necesarios para su realización personal como futuros profesionales”, concluye María de la Paz Agujetas.

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