Una convocatoria del Programa Impulsa, dirigido a fomentar actuaciones y medidas innovadoras de atención al alumnado vulnerable con el fin de favorecer la inclusión y el éxito educativo, así como reducir el abandono escolar, establece que sólo podrán adscribirse al programa los centros docentes públicos ubicados en zonas con necesidad de transformación social
La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FEUSO Andalucía) denuncia que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha reafirmado el desprecio y el trato injusto al que tiene sometida a la Enseñanza Concertada de la región, a la que ha vuelto a dejar al margen de dos convocatorias de ayudas, dirigidas exclusivamente a los centros de enseñanza pública, pese a que los centros de educación concertada están sostenidos con los mismos fondos públicos y que, como recoge el artículo 3 de la Ley de Educación de Andalucía, constituyen igualmente el sistema público educativo andaluz.
En concreto, desde este sindicato se critica que la convocatoria del Programa Impulsa, dirigido a fomentar actuaciones y medidas innovadoras de atención al alumnado vulnerable con el fin de favorecer la inclusión y el éxito educativo, así como reducir el abandono escolar, establece que “sólo podrán adscribirse” al programa “los centros docentes públicos ubicados en zonas con necesidad de transformación social”, las cuales se consideran aquellos espacios urbanos concretos y físicamente delimitados, en cuya población concurren situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social”.
“¿Acaso no existen centros concertados en zonas en riesgo de exclusión social? Es precisamente ahí donde más se deja notar la labor educativa, social e integradora de muchos de estos centros, por lo que no se comprende que queden fuera esta convocatoria planteada por la Junta de Andalucía”, destaca María de la Paz Agujetas, secretaria general de FEUSO Andalucía.
La otra convocatoria que es motivo de crítica de la Federación de Enseñanza de la USO es la impulsada por la Dirección General de Formación Profesional para asignar recursos a aquellos centros públicos que tengan autorizados proyectos de FP Dual, para que puedan hacer difusión de los mismos. “En este caso se trata de un auténtico sinsentido de la administración pública, ya que la mayor parte de la oferta académica de FP Dual corresponde a la enseñanza concertada, a la que se castiga por enésima vez”, sentencia Agujetas.
La secretaria general de FEUSO Andalucía recuerda que en la Mesa de la Enseñanza Concertada –en la que tienen cabida, junto a la propia Consejería de Educación, las patronales o los sindicatos más representativos– del pasado 30 de septiembre, desde la propia administración se aseguró que a la mayor brevedad posible se convocaría una reunión para abordar cómo estas convocatorias abiertas a centros públicos también se dirigirían a los de la concertada. Hasta el momento, no se ha producido ninguna novedad al respecto.
Por desgracia, no es la primera vez que trabajadores y alumnos de centros concertados reciben un trato desigual respecto a los centros públicos. En el caso concreto del profesorado de FP de los centros concertados frente a los públicos, a estos últimos sí se les abona la labor de prospección de empresas para las prácticas de FP, un cometido que viene desempeñando habitualmente el profesorado de ambas enseñanzas, pese a estar desarrollando su trabajo en centros sostenidos igualmente con fondos públicos. Ese mismo trato desigual también lo sufren los orientadores de los centros de enseñanza concertada. Este sindicato lleva largo tiempo reivindicando la necesidad de ampliación de horas de orientación en dichos centros, a los que solo se les dota en pago delegado de cuatro horas por línea y únicamente en la Secundaria. Estos profesionales necesitan una ampliación de horario y los centros, a su vez, necesitan que la administración financie su actuación en Infantil y Primaria.
Desde FEUSO Andalucía se vienen realizando una serie de iniciativas desde el pasado mes de octubre –como una concentración ante la sede de las Consejerías de Educación y Hacienda de la Junta de Andalucía, o una recogida de firmas en la plataforma Change.org– para reclamar que el Ejecutivo andaluz acabe de una vez por todas con el desigual trato laboral y salarial que los 20.000 trabajadores de la Enseñanza Concertada viven, en muchos casos, desde hace más de diez años, incluyendo en el presupuesto de 2022 las partidas necesarias para que de una vez se cumplan las promesas electorales adquiridas por los actuales partidos en el Gobierno regional (PP y Cs) con los profesionales de este ámbito educativo.
Entre otros, desde este sindicato también se han solicitado partidas presupuestarias para desbloquear cuanto antes la actualización de la equiparación salarial de los docentes de los centros concertados con sus compañeros de los centros públicos (con la inclusión de conceptos como los sexenios, complementos de cargo…etc.), el abono prometido de la deuda salarial pendiente (PEA y cantidades de la Paga Extra de 2012), la creación de un Complemento Autonómico para el Personal Complementario y de Administración y Servicios (PAS) de los centros concertados, el Acuerdo de Mantenimiento de Empleo vinculado al Plan de Jubilación Parcial, el aumento de plantillas vinculado a la Reducación de Carga Lectiva o la concertación del Bachillerato.