USO lamenta que la Junta ignore su propuesta de equiparar salarios del personal de integración social y lenguaje de signos de los centros públicos

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado el decreto que establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales que prestan estos profesionales y que mantiene las diferencias salariales entre aquellos que forman parte de empresas privadas contratadas por los centros educativos y los que son personal laboral de la Junta de Andalucía

María de la Paz Agujetas
María de la Paz Agujetas

La Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía (FEUSO Andalucía) lamenta que la Junta de Andalucía no haya tenido en cuenta sus reivindicaciones para dotar de mayor estabilidad laboral al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) que forman parte de la plantilla de empresas privadas y prestan su servicio en centros escolares públicos, para quienes la administración no ha contemplado al menos un complemento salarial, tal y como pedía este sindicato, para que así no existiera un trato discriminatorio entre éstos y los compañeros que forman parte del personal laboral de la Junta de Andalucía y que prestan el mismo servicio, al igual que ellos, en los centros públicos.

“El decreto que acaba de publicar el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para establecer el servicio complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas especiales que prestan estos profesionales es una oportunidad perdida por parte del gobierno andaluz para garantizar un trato salarial justo a los 2.800 profesionales afectados por esta medida, en su mayoría, mujeres”, destaca la secretaria general de FEUSO Andalucía, María de la Paz Agujetas.

Para FEUSO Andalucía es especialmente triste la poca falta de tacto de la Junta de Andalucía con esta reivindicación, ya que el Consejo Escolar de Andalucía dictaminó a favor de que la Consejería de Educación atendiera la propuesta de este sindicato y aportara un complemento salarial a estos profesionales. “Las decisiones del Consejo Escolar de Andalucía, no son obligatorias pero sí vinculantes, ya que es el órgano en el que está representada toda la comunidad educativa de la comunidad autónoma”, defiende Agujetas.

Los PTIS e ILSE que forman parte de las plantillas de empresas que trabajan para la administración sufren desde hace años una situación de precarización y discriminación laboral frente a sus compañeros que forman parte del personal laboral de la Junta de Andalucía, que realizan sus mismas tareas en los mismos centros públicos y con unas mejores condiciones laborales y salariales.

Aunque desde FEUSO se instó, implícitamente mediante otra enmienda previa, a que todos los PTIS e ILSE pertenecientes a empresas privadas que desarrollan su labor en centros públicos andaluces fueran reconocidos como personal laboral de la Junta de Andalucía, esta propuesta no fue aceptada –por un voto de diferencia– por parte del pleno del Consejo Escolar de Andalucía. La realidad que se vislumbra con este nuevo decreto que se prepara desde la Consejería de Educación es que finalmente coexistan los PTIS e ILSE tanto de gestión directa de la propia administración como indirecta –pertenecientes a empresas privadas–.

Dada esta postura, desde la Federación de Enseñanza del sindicato USO en Andalucía se ha trabajado por conseguir que, al menos, se les mejore la situación salarial estos trabajadores del ámbito privado con un complemento autonómico por parte de la Consejería a la que prestan sus servicios.

La externalización de estos servicios –desde 2007–, los cuales, aunque se les denomines complementarios son como se define en el prólogo del decreto que ha publicado la Junta de Andalucía “una parte intrínseca de los centros educativos” y “pilares básicos para hacer realidad la igualdad de oportunidades”, ha llevado a los profesionales que los ofrecen a una enorme precarización en sus condiciones laborales ya que con frecuencia cobran con retraso sus nóminas, son despedidos en los meses de verano y cobran salarios más bajos que los compañeros laborales de gestión directa que realizan el mismo trabajo que ellos.

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