El Consejo de Gobierno andaluz, con una simple declaración motivada, pueda saltarse la legislación nacional y europea que protege el medio ambiente andaluz.
Verdes Equo considera inadmisible la decisión de la Junta de Andalucía de obviar los controles ambientales para impulsar una “supuesta” recuperación económica
La Junta de Andalucía ha decidido eliminar la necesidad de incluir una declaración de impacto ambiental en un proyecto, cuando dicha declaración lo ponga en riesgo.
Esto supone, de facto, que el Consejo de Gobierno andaluz, con una simple declaración motivada, pueda saltarse la legislación nacional y europea que protege el medio ambiente andaluz, profundamente dañado por décadas de impactos, especialmente, en la franja litoral
La falta de evaluación ambiental obligatoria en Andalucía podría suponer, además de un alto riesgo para el medio ambiente, un aumento exponencial de las infracciones, que deben sufragarse con dinero público.
En 2020 España fue el país europeo con más infracciones ambientales abiertas. La Comisión Europea remitió tres últimos avisos a España sobre incumplimientos de la normativa ambiental que venía arrastrando y no ha resuelto tras los plazos previstos.
Estos incumplimientos hacen referencia al tratamiento de las aguas residuales urbanas, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los residuos de la agricultura y la ganadería intensiva y la falta de protección adecuada de la tórtola europea.
Pero, además, la Comisión mantiene abiertos varios procedimientos contra nuestro país por la no designación de Áreas de Especial Conservación para proteger hábitats o especies consideradas de interés general y deficiencias en la normativa de la gestión de residuos.
A la vista de estos antecedentes y en plena emergencia climática, Verdes Equo considera inadmisible la decisión de la Junta de Andalucía de obviar los controles ambientales para impulsar la recuperación económica.
La coportavoz del partido ecologista y diputada de Más País Equo en el Congreso, Inés Sabanés, ha señalado que “parece mentira que después de todo lo que hemos vivido no hayamos aprendido aún que los daños en el medio ambiente tienen graves consecuencias para la salud y también para la economía.
Por eso, “le preguntamos al Gobierno qué medidas va a tomar para evitar que se eliminen estos mecanismos que sirven como elemento de prevención y garantía frente a posibles delitos ambientales”.