Vox critica el cambio de nombre del puente Rafael Alberti y cuestiona su coste
La formación considera que el cambio de nombre del puente Rafael Alberti puede acabar en los tribunales y reclama priorizar las infraestructuras de la provincia
El cambio de denominación del antiguo puente José León de Carranza, que ha pasado a llamarse oficialmente puente Rafael Alberti, ha provocado las críticas de Vox en Cádiz. La formación sostiene que el Gobierno debería priorizar otros problemas de infraestructuras y advierte de que la decisión podría ser recurrida judicialmente.
El Ministerio de Transportes ha hecho efectivo el nuevo nombre en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Esta norma obliga a retirar elementos, denominaciones y reconocimientos públicos que supongan una exaltación de personas vinculadas al golpe de Estado, al bando sublevado durante la Guerra Civil o a la dictadura franquista.
Tanto el Ministerio como Sumar, formación que impulsó la modificación, han señalado que José León de Carranza fue alcalde franquista durante 21 años y tuvo una “participación activa” en el golpe de Estado de 1936. La infraestructura adopta ahora el nombre del poeta portuense Rafael Alberti.
Vox ha calificado la decisión de “injusta y sectaria” y ha reclamado al Ejecutivo central que concentre sus actuaciones en los problemas que, según el partido, afectan diariamente a los usuarios de los servicios públicos y las carreteras de la provincia.
Entre esos asuntos, la formación cita las incidencias en el servicio ferroviario, los atascos y el estado del firme de la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla, así como la duración de las obras que se ejecutan en el nudo de Tres Caminos. “Los gaditanos necesitan soluciones y no decisiones que no mejoran sus servicios”, ha manifestado el partido.
La organización también ha defendido el anterior nombre del puente. Según su versión, la denominación José León de Carranza fue acordada por la Corporación municipal de Cádiz para reconocer la intervención del entonces alcalde en la consecución de una infraestructura que había sido una aspiración de la ciudad durante décadas.
Vox ha pedido “respetar nuestra historia sin convertirla permanentemente en una batalla política” y ha abogado por reconocer a quienes, a su juicio, contribuyeron al desarrollo de Cádiz. Estas consideraciones se oponen al criterio aplicado por el Ministerio de Transportes para retirar el nombre en virtud de la legislación sobre memoria democrática.
La formación ha centrado otra parte de sus críticas en el posible gasto derivado de la modificación. Ha advertido de que la medida podría ser revisada en los tribunales y considera que destinar recursos públicos a esta actuación sería innecesario si finalmente fuese revertida.
“El dinero de los gaditanos debe destinarse a mejorar las infraestructuras y los servicios que utilizan cada día”, ha afirmado Vox, que insiste en que el cambio de nombre no resuelve los problemas de movilidad que identifica en la provincia. El partido sostiene que una eventual anulación de la nueva denominación obligaría a asumir un gasto que considera evitable.
