Además del de Cádiz se crearán en Andalucía un nuevo juzgado de lo Mercantil en Granada y dos de lo Social, en Huelva y Córdoba
El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha confirmado la puesta en marcha de cuatro juzgados más en Andalucía después de que el Gobierno de la Nación haya aceptado la propuesta de la Junta de dos nuevos órganos judiciales de lo Mercantil (Granada y Cádiz) y dos de los Social (Huelva y Córdoba), dentro del Plan de Choque del Ministerio de Justicia para paliar las consecuencias del Covid-19.
«Nuestro compromiso es evitar que la Justicia se colapse. Vamos a poner de nuestra parte todos los medios posibles. Estos cuatro nuevos juzgados suponen un importante incremento del personal funcionario, además de gasto en obra y adecuación de instalaciones», ha resaltado Juan Marín.
La Consejería de Justicia ha propuesto que estos cuatro juzgados entren en funcionamiento a partir del 1 de octubre, pero aún no se ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Justicia.
Con estos cuatro órganos judiciales, serán 15 en total los que se pongan en marcha en Andalucía en este año, pues ya estaba prevista la entrada en funcionamiento de otros 11 que quedó en suspenso tras la declaración del estado de alarma. «La pasada semana se nos presentó la propuesta del Plan de Choque, que incluyen refuerzo de personal. Ahora la estamos estudiando y, llegado el momento, negociaremos con los sindicatos. Pedimos la implicación del resto de administraciones, ya que necesitamos más jueces, fiscales y letrados para nuestra Justicia», ha manifestado el vicepresidente.
El consejero de Justicia ha hecho este anuncio tras la reunión que ha mantenido con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), que se ha centrado en tratar la situación actual de la Justicia debido a las consecuencias y efectos de la crisis sanitaria.
Durante el encuentro, Marín ha informado de que esta misma semana se ha hecho efectivo el pago del primer trimestre correspondiente a la Justicia Gratuita. En total, se han abonado 11,4 millones de euros, con 15 días de antelación respecto al año pasado. «Hemos hecho un esfuerzo porque sabemos que hay muchos profesionales afectados por las circunstancias actuales».
Justicia Gratuita
En cuanto al nuevo Reglamento de Justicia Gratuita, ha explicado que el estado de alarma ha retrasado su tramitación administrativa, si bien se prevé que a partir del segundo trimestre ya se pueda realizar el pago de estos servicios con la nueva normativa. «Estamos pendientes de que nuestro Gabinete Jurídico nos haga llegar su informe y ya entonces podrá ser aprobado por el Consejo de Gobierno», ha indicado el vicepresidente.
La reunión también ha servido para poner en valor las ayudas de 300 euros de la Junta de Andalucía para mutualistas, que fueron olvidados por el Gobierno de la nación. De este modo, se han recibido 12.397 solicitudes de abogados y mutualistas para acogerse a ellas.
Por lo que respecta a seguridad e higiene en las sedes judiciales, a fecha de 25 de junio se ha habían realizado 8.613 test y ya hay provincias en las que prácticamente se han completado las pruebas a todo el personal.
Marín ha recordado que inicialmente se instalaron mamparas en 50 salas de vistas, de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En un segundo momento se amplió esta medida a todas aquellas salas que no cumplían la distancia de seguridad. El pasado 5 de junio se firmó un contrato de emergencia, por un importe de 164.000 euros, que hará posible colocar mamparas en el 70% del total. También se han instalado mamparas en los puntos de atención al público, como juzgados de Guardia o Registros Civiles.
Además de mascarillas, hay disponible hidrogel en todas las estancias. Igualmente, se han entregado gafas protectoras a los letrados de la Administración de Justicia para los levantamientos y mascarillas FFP2 a los funcionarios que salen a notificar. «Las sedes judiciales andaluzas cuentan con todas las medidas de protección y hemos sido la primera comunidad autónoma en realizar test a sus funcionarios de Justicia», ha recordado Marín.