El Grupo Adelante Cádiz también plantea una moción en defensa del Bachillerato Artístico en la ciudad
El Equipo de Gobierno llevará al Pleno ordinario de junio, que se celebra el viernes, una propuesta encaminada a instar a la Junta de Andalucía al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, cuyos principios y derechos “no están siendo garantizados ni llevados a efecto desde hace casi tres años por el Gobierno formado en coalición por PP y Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha”, lo que ha supuesto un “grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo, así como para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición”.
La moción recoge que son las organizaciones y la sociedad civil organizada quienes denuncian la “paralización, recortes e involución” en materia de Memoria Histórica y Democrática. En este sentido, señala como ejemplo que “el único presupuesto aprobado por la Junta para exhumaciones en 2020 han sido los 265.000 euros comprometidos desde 2017 por convenio, para la fosa de Pico Reja en el cementerio de Sevilla”.
Entre otros casos, cita que “la política de brazos caídos de la Consejería de Cultura ha provocado que no se haya abordado aún la salida del genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena”, o que en relación a la difusión, divulgación e investigación científica sobre Memoria Democrática “se ha perdido el presupuesto de 2019 por no resolver la convocatoria en tiempo y forma, y en 2020 se ha recortado a 75.000 euros, de los 260.000 previstos, de manera que sólo 7 asociaciones, 9 ayuntamientos y 4 universidades pueden contar con financiación. Mientras, han quedado fuera proyectos de 46 ayuntamientos, 7 asociaciones y los de la Universidad de Cádiz”.
Por todo ello, el Grupo Municipal Adelante Cádiz propone al Pleno instar al Gobierno de la Junta al cumplimiento, desarrollo normativo y aplicación efectiva de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía , así como que impulse con financiación suficiente la difusión, divulgación e investigación científica en este campo.
Por otra parte, pide que promueva la institucionalidad de la efeméride del 14 de junio y que desde la Consejería de Educación se promueva la plena incorporación al currículo educativo de contenidos veraces y valores vinculados a la Memoria.
El quinto acuerdo que propone la moción insta a la Junta a, en el necesario desarrollo normativo, dar prioridad a la Simbología y actos contrarios a la Memoria Democrática, entre los que urge a la desaparición de la tumba de Queipo de Llano.
En lo referente a la obtención de ADN para poder identificar a las víctimas recuperadas de enterramientos y fosas comunes en cementerios y cunetas, se solicita la puesta en marcha de un programa de obtención de muestras genéticas de familiares de las víctimas. Asimismo, insta a la Junta a impulsar actuaciones dirigidas a la identificación y localización de niños y niñas sustraídos y adoptados sin autorización de los progenitores.
Por otra parte, reclama un plan de digitalización de fondos archivísticos del periodo 1936-1978 y llama a reabrir el Servicio de Oficinas Provinciales de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía para atender en sus solicitudes e información de derechos a víctimas, familiares y asociaciones que los representen.
Educación a Valcárcel
En otra moción, el Equipo de Gobierno también insta a la Junta de Andalucía al traslado de la facultad de Educación al edificio de Valcárcel, lo que ha demostrado ser “una promesa electoral absolutamente falsa” teniendo en cuenta el “poco interés mostrado por la Junta en buscar cualquier otra vía de financiación”.
Argumenta que se trata de una decisión “urgente” debido al actual estado de la facultad de Educación en Puerto Real y añade que el proyecto “tan solo necesitaría de un compromiso de 10 millones de euros por parte de la Junta durante tres años, tiempo aproximado de ejecución del proyecto, que no creemos que hunda unas arcas institucionales que ponen en juego 34.000 millones anualmente en su presupuesto y que además han concluido el ejercicio de 2020 con un superávit de 853 millones de euros”.
El Gobierno local pone de manifiesto también que “renunciar a Varlárcel no se trata de renunciar sólo a la facultad, sino a un presente y un futuro para barrios como La Viña, el Balón o el Mentidero, que necesitan un elemento dinamizador y vida para encarar un modelo de presente y futuro que pasa por disponer de un campus universitario en ese frontal frente al mar”.
Por último, Adelante Cádiz también lleva por la vía de urgencia una propuesta al Pleno en defensa del Bachillerato Artístico, criticando en este punto la pretensión de la Junta de Andalucía de cerrar una de las tres líneas de la Escuela de Arte de Cádiz pese a que cuenta con matrículas suficientes, lo que interpreta como un nuevo intento de “desmantelar la pública” mientras “blinda la concertada”.
Por ello, exige al Gobierno andaluz que “rectifique” y abra una línea más de primero de bachillerato para “dar respuesta a las demandas del bachillerato artístico de un alumnado que solo cuenta con la Escuela de Arte como único centro de la ciudad para poder realizar tales estudios y de respuesta al derecho de las familias gaditanas a elegir una educación pública de calidad para sus hijas e hijos”.