La concejala de Vivienda, Eva Tubío, destaca la regulación de la vivienda turística, la construcción y rehabilitación de vivienda pública para alquiler social o la adaptación de oficinas en alojamientos transitorios.
El Ayuntamiento de Cádiz ha sido invitado a participar en un proyecto de investigación I+D+I de las Universidades de Santiago y Madrid, y el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona para aportar reflexiones e ideas sobre el problema de la vivienda, y las nuevas políticas y soluciones desde la administración pública. En el encuentro celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha expuesto la experiencia municipal destacando cuestiones como la regulación de la vivienda turística, la construcción y rehabilitación de vivienda pública para alquiler social, el programa europeo de consumo casi nulo en un edificio de viviendas sociales o el programa de adaptación de oficinas en alojamientos transitorios.
En el marco de una mesa redonda titulada ‘Experiencia del uso social de la vivienda’, Tubío ha detallado las singularidades de Cádiz, donde existen alrededor de 5.000 viviendas secundarias o vacías que están afectando a la escasez de la oferta, a lo que se suma el elevado precio de los alquileres en una ciudad en la que hay cerca de 5.000 demandantes de vivienda protegida.
Ha señalado que el suelo en la ciudad está bastante colmatado y apenas quedan unas 3.500 viviendas disponibles casi a partes iguales entre la de renta libre y la protegida, y de esta la mitad de titularidad municipal y la otra mitad autonómica, por lo que “los objetivos prioritarios del gobierno local son construir la máxima vivienda protegida posible y evitar, en la medida de las posibilidades, que la libre que queda se convierta en un futuro en vivienda turística o vacía”.
La concejala ha explicado que cuando accedieron al gobierno municipal en 2015 encontraron que la política de vivienda que se había hecho en la década anterior por el PP había sido, “por una parte, hacer vivienda en venta y, por otra, vender la que había de parque público”, por lo que se adoptó el acuerdo de “no vender ni una vivienda más del parque público, así como construir y rehabilitar solo o casi exclusivamente vivienda social y vivienda de alquiler”. Al mismo tiempo, para salvaguardar la vivienda privada y evitar desahucios, se creó la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda y el protocolo municipal de actuación para la prevención de desahucios y atención a las personas afectadas, habiéndose intervenido a día de hoy en más de 500.
Otra de las medidas puestas en marcha desde el Ayuntamiento en esta materia es la regulación de la vivienda turística, con la aprobación de una moratoria de un año en las licencias de apartamentos turísticos. En cuanto a la vivienda vacía, ha expuesto el programa de captación de viviendas de alquiler ‘Cádiz para Vivir’, con el que el Ayuntamiento incluye viviendas particulares en su programa garantizando a sus propietarios el alquiler íntegro de la renta, así como un anticipo reintegrable de 10.000 euros para obras de mejora.
Entre otras cuestiones, Tubío también ha mencionado que, a la construcción de vivienda social, se le unen la de alojamientos transitorios o la adaptación de oficinas comerciales que no tenían salida para transformarlas también en viviendas transitorias, además de otros proyectos que implican cesión de vivienda a entidades sociales para proyectos de pisos puentes para personas sin hogar, con enfermedad mental o jóvenes que han sido menores tutelados cuando cumplen la mayoría de edad.
Por otro lado, ha hecho hincapié en la necesidad de crear órganos de estudio como el Observatorio de la Vivienda Local para responder a la importante falta de análisis y estadística en esta materia que existe en todo el país.
Finalmente, Tubío ha expresado la especial preocupación del Ayuntamiento en el caso de ciudades pequeñas o medianas en cuanto al número de habitantes que “tienen un turismo desorbitado y también una gran demanda universitaria que copa el mercado del alquiler, como es el caso de Cádiz o Santiago, y por lo que se requiere un tratamiento especial en materia de vivienda por parte de las administraciones con verdaderas competencias en esta materia”, y se reclama también que se articulen medidas que palíen la imposibilidad de estas ciudades de acceder a buena parte de las ayudas o créditos europeos por requerir un volumen de población muy superior.