El Ejecutivo también ha presentado el procedimiento para determinar la edad de las personas que llegan a España sin documentación y ha aprobado el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de los Proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia. Ambas normas, junto con la futura Ley de Eficiencia digital, constituyen los pilares del Plan Justicia 2030.
La titular de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que serán los ejes de cohesión social y territorial, para que cualquier ciudadano pueda acceder de manera sencilla al servicio público de la justicia con independencia del territorio en el que resida: «Sobre estos cimientos estamos construyendo un auténtico servicio público universal, accesible, moderno, eficiente, ágil y sostenible».
Llop ha mantenido que el objetivo del Gobierno es acercar las instituciones judiciales a los ciudadanos y que les sea más fácil acudir a los tribunales, no solo en las grandes localidades, sino en los pequeños municipios, así como evitar llegar a juicio cuando exista una controversia o un conflicto entre las partes.
Eficiencia organizativa
La nueva Ley de Eficiencia Organizativa contribuirá a superar las brechas de acceso público a la Justicia y refuerza el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. A juicio de la ministra, ayudará a sortear barreras territoriales y tecnológicas, de comprensión, generacionales y de salud: «Los órganos judiciales deben ser vistos como motores de desarrollo humano, social y económico, nunca como obstáculos de ese desarrollo».
La norma se sustenta en tres figuras: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios.
Pilar Llop ha aclarado que habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial con sede en la capital, de la que tomará su nombre, pero se mantienen los juzgados donde están: «Lo que ocurre es que ahora se aglutinarán, evolucionarán a Tribunales de Instancia».
De esta forma, los 3.600 Juzgados de Primera Instancia pasarán a 341 Tribunales de Instancia en toda España. «Esos grandes órganos colegiados estarán sustentados por una Oficina Judicial, lo que permitirá que no haya justicia de distintas velocidades en el mismo territorio», ha precisado la ministra.
Por otra parte, se completará el proceso de implantación de la Oficina Judicial, que será una ventanilla de acceso único a la justicia para la ciudadanía.
Asimismo, Pilar Llop ha explicado que los más de 7.000 juzgados de paz existentes evolucionarán hacia Oficinas Judiciales Municipales, que estarán dotadas de los recursos tecnológicos necesarios para que cualquier ciudadano pueda realizar los trámites que necesite sin tener que hacer grandes desplazamientos. En estas oficinas se podrán celebrar juicios telemáticos, diligencias judiciales o conexiones por videoconferencia con los colegios profesionales.
Eficiencia Procesal
La Ley de Eficiencia Procesal tiene como finalidad agilizar la actividad de Justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a la sostenibilidad del sistema.
La ministra ha incidido en que se introducirán los medios adecuados para la resolución de controversias. Las partes en conflicto podrán acudir de buena fe para resolver dentro de sus propias capacidades la controversia o acudir con la intervención de un tercero neutral. «Se regularán expresamente no solo la mediación, sin la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y la negociación directa entre las partes», ha avanzado Llop.
Las medidas contempladas en la norma, en opinión de la ministra, ayudarán a descongestionar los juzgados y serán un instrumento negociador y democratizador: «Las soluciones serán mucho más ajustadas a las necesidades de las partes, pero también más flexibles de lo que puede ser una sentencia o una resolución judicial».
Procedimiento de evaluación de la edad
En el ámbito de la Justicia, el Gobierno también ha analizado el Anteproyecto de Ley por el que se regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad. El objetivo de la norma es que la autoridad judicial pueda determinar si una persona es mayor o menor de edad cuando, al carecer de documentación, existan dudas sobre ello.
Pilar Llop ha afirmado que con esta medida el Ejecutivo da «un salto adelante para garantizar la dignidad de cualquier joven que llegue a España con o sin documentación porque se van a acabar todas las pruebas invasivas para determinar su edad».
En este sentido, la ministra ha precisado que no se permitirá que se hagan desnudos integrales, inspecciones ginecológicas ni cualquier otra prueba que atente contra la dignidad de los jóvenes.
El procedimiento de determinación de la edad deja de tener carácter administrativo y se convierte en un procedimiento exclusivamente judicial, mucho «más garantista, ágil y simplificado», según ha explicado Llop. Podrá ser solicitado por el Ministerio Fiscal, por las entidades públicas encargadas de la protección de los menores, por el propio menor o persona interesada. La persona afectada será escuchada e informada y tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita aunque tenga recursos suficientes para litigar.
La ministra ha precisado que el procedimiento se resolverá en un plazo máximo de 25 días mediante sentencia, que se inscribirá en el Registro Civil y tendrá efectos plenos en los ámbitos público y privado.
Iniciativas contra los delitos financieros y de odio y para mejorar los derechos de los presos
El Consejo de Ministros ha aprobado tres iniciativas sobre competencias del Ministerio del Interior: el Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales; el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento Penitenciario de 1996, y el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias 2022-2024.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la nueva ley orgánica, que ahora se remitirá a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, mejorará «el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada» al facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el acceso directo e inmediato al Fichero de Titularidades Financieras y a la información y análisis del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Por otra parte, la modificación del Reglamento Penitenciario permitirá que los internos puedan utilizar herramientas tecnológicas como las videollamadas en sus comunicaciones con el exterior, «facilitándoles así el ejercicio de sus derechos», ha dicho el ministro.
Respecto al II Plan de Acción de Lucha Contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias, Grande-Marlaska ha afirmado que sus dos grandes objetivos son mejorar la prevención, investigación y lucha policial, y ofrecer asistencia, asesoramiento y apoyo a las víctimas.
Entre las 86 medidas que contiene, el Plan recoge la creación de grupos específicos contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y de las brigadas provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y en unidades periféricas. Esta medida fue planteada en septiembre pasado en la Comisión de Seguimiento del I Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2019-2021, que se reunió bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Grande-Marlaska ha expresado su preocupación por el incremento de los delitos de odio en los últimos años, tanto en España como en el resto de la Unión Europa. Concretamente en nuestro país, ha detallado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 delitos de odio en 2021 frente a los 1.272 en 2016, lo que representa un incremento de un 41,6% en 5 años: «Son cifras que por sí solas describen un fenómeno delictivo grave, más aún si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 delitos de odio no se denuncian, por lo que quedan impunes».
El ministro ha subrayado la necesidad de «frenar esta tendencia al alza que muestran las estadísticas y reducir el fenómeno de la infradenuncia para impedir que estos comportamientos que nos agreden a todos queden sin el necesario castigo».
Estabilización de empleo en la función docente
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Ingreso, Accesos y Adquisición de Nuevas Especialidades en los Cuerpos Docentes. Su objeto es la adaptación, al ámbito docente, de lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que la tasa actual de temporalidad de funcionarios docentes se sitúa en torno al 23% y constituye un motivo de preocupación no solo entre los empleados públicos sino también entre las familias, ya que el alumnado acusa los continuos cambios de personal, especialmente en el ámbito rural.
Se regulan dos procesos de estabilización del empleo, según lo establecido en la ley. El primero, por concurso-oposición, será para regularizar las plazas ocupadas temporalmente en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2021. El segundo será por concurso de méritos y por una sola vez para las plazas ocupadas con carácter temporal con anterioridad al 1 de enero de 2016.
Reparación de daños por temporales en las costas del sur y levante
El Ejecutivo ha acordado destinar cerca de 12,4 millones de euros a actuaciones de emergencia para revertir los perjuicios provocados por los temporales de viento y lluvias del pasado mes de marzo y principios de abril en las costas de las provincias de Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Valencia, Alicante y Murcia, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta cantidad será revisable en el plazo de dos meses.
Isabel Rodríguez ha hecho hincapié en el compromiso del Gobierno con la protección y preservación de los recursos naturales y el dominio público marítimo-terrestre y la recuperación de espacios de cara a la actividad turística de la próxima campaña de verano: «El Gobierno revisará si fuera necesario, en el plazo de dos meses, la valoración de estos daños».
158 millones para desarrollo rural
El Gobierno ha autorizado la distribución territorial entre las comunidades autónomas de 158,21 millones de euros para programas de desarrollo rural. Este reparto se someterá a consideración de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
La portavoz ha recordado que estos programas reciben financiación europea y permiten realizar, entre otras, actuaciones para mejorar la competitividad del sector agroalimentario, crear empleo, realizar una gestión sostenible de los recursos naturales y avanzar en el desarrollo equilibrado del medio rural.
Asuntos de actualidad
Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz se ha referido a los efectos positivos que la Semana Santa está teniendo para el sector del turismo.
Según las previsiones del Gobierno, los españoles están viajando por España más que en el año 2019, año previo a la pandemia. Al respecto, Isabel Rodríguez ha señalado que las reservas de vuelos son un 7% superiores.
Además, España es uno de los destinos mundiales más deseados. Los vuelos internacionales alcanzan el 87% de los de 2019 y se estima que este mes se recuperarán el 80% de los turistas internacionales que visitaron España en esa fecha. Algunos destinos, como Ibiza, superan las reservas efectuadas entonces.
Respecto a la seguridad vial durante esta Semana Santa, en la que se prevén 8,4 millones de desplazamientos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido a los conductores que sean prudentes, atiendan a las normas de tráfico y a los límites de velocidad, y utilicen el cinturón y otros sistemas de sujeción: «Si nos protegemos a nosotros, protegemos a los demás», ha recalcado.