La directora general de Pesca y Acuicultura, Margarita Pérez, ha trasladado a la Comisión Europea (CE) una serie de reivindicaciones sobre la implementación del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca (FEMP) en las distintas regiones y la obligación de desembarque fijada por la Política Pesquera Común (PPC), ambos asuntos de «vital importancia para el sector pesquero andaluz». Pérez ha asistido en Bruselas a una reunión convocada por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la CE y la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) para intercambiar ideas sobre estas dos cuestiones. El encuentro ha estado presidido por el director general Joao Aguiar y la secretaria general de la CPRM, Eleni Marianou.
En cuanto a la obligación de desembarque que establece la legislación comunitaria, Margarita Pérez ha destacado la repercusión, «negativa», que podría tener la aprobación del Reglamento Delegado 2376/2016 del 13 de octubre mediante el que se establece un Plan de Descartes para la chirla en las aguas territoriales italianas. La aplicación de este reglamento, según ha explicado la directora general, ha permitido reducir la talla mínima de captura de chirla a 22 milímetros en aguas italianas, mientras que el Reglamento del Mediterráneo fija el mínimo para estas capturas en 25 milímetros.
Para Pérez, «esta reducción de la talla mínima de chirla italiana podría ocasionar una competencia desleal en los mercados, ya que en Andalucía, al igual que en Portugal, esa talla mínima es de 25 milímetros». Además, ha añadido «este hecho conllevaría también dificultades en los controles oficiales que la Administración pesquera realiza en relación a tallas mínimas e inmaduros».
Respecto a la implementación del FEMP, Andalucía ha reclamado a la CE la creación de un registro oficial europeo de operadores que hayan cometido una infracción grave que permita garantizar a las autoridades de gestión del fondo europeo el cumplimiento de la normativa con la debida seguridad jurídica.
Asimismo, la directora general ha solicitado la modificación del artículo 33 del Reglamento del FEMP para permitir conceder ayudas europeas a los mariscadores cuando tengan que suspender temporalmente su actividad por razones de salud pública como la presencia en las zonas de producción marisquera de biotoxinas (marea roja), ya que actualmente sólo permite habilitar ese tipo de incentivos a los acuicultores, pero no a los mariscadores a pie o desde embarcación.
Según ha informado Pérez, esa imposibilidad de otorgar ayudas ha afectado en Andalucía a más de 1.000 personas entre los mariscadores a pie (250 mariscadores), los 85 barcos de draga hidráulica (340 tripulantes), los 17 barcos de rastro remolcado del Golfo de Cádiz (40 tripulantes) y los 730 mariscadores que trabajan en los 240 barcos de draga mecanizada del Mediterráneo.
Grupo de trabajo de Pesca
Actualmente Andalucía es la región coordinadora de la iniciativa de la Comisión Intermediterránea de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas Task Force sobre pesca y acuicultura. Entre otras cuestiones, el equipo se centrará principalmente en la evaluación del impacto del FEMP en las regiones mediterráneas, el monitoreo de la implementación del actual Fondo para los Asuntos Pesqueros y Marítimos 2014-2020, la dimensión externa de la PPPC, la concepción de reflexiones acerca de la PPC y los fondos previstos para el próximo periodo de programación.
La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas reúne aproximadamente a 160 regiones de 25 estados de la Unión Europea y de más allá de sus fronteras. Representa a cerca de 200 millones de ciudadanos y su cometido es promover un desarrollo más equilibrado del territorio europeo. Gracias a su amplia red de contactos dentro de las instituciones europeas y de los gobiernos nacionales, la CRPM ha centrado su labor en la defensa de las necesidades e intereses de las regiones miembros en todas las políticas con gran impacto territorial.
En materia de pesca, presta especial atención al impacto socioeconómico de la nueva PPC, defendiendo el apoyo a los pescadores y el respeto al equilibrio entre la dimensión económica y medioambiental.