En el escrito se reclama una cantidad de 281.071 euros, correspondientes a una anualidad de renta
La Diputación de Cádiz ha cursado una demanda contra la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía al objeto de acabar con los perjuicios que causa una “permuta fallida”; la que en su día se acordó entre el edificio ocupado por la Audiencia Provincial y el solar comprendido entre las calles Brunete, Granja San Ildefonso y Tolosa Latour. En la práctica, según ha recordado el presidente de Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, la Junta mantiene de facto los dos bienes citados e impide que la institución provincial perciba una renta por el uso de la Audiencia. La demanda, en cumplimiento de una decisión adoptada por el Pleno de la Corporación Provincial, se ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia con el propósito de que se sustancie en un juicio ordinario.
“La Junta se aferra a la lectura sesgada de un acuerdo y pretende que lo que es una permuta fallida se mantenga eternamente”, insiste el presidente de Diputación. Ruiz Boix destaca que “no vamos a permitir que la Junta nos siga castigando y no abone unos recursos que sí libra en otras provincias”. En la demanda se precisa el importe de la cantidad reclamada -281.071,24 euros- correspondiente a la renta anual por la ocupación del inmueble de la Cuesta de las Calesas por parte de la Audiencia Provincial; una renta que nunca se ha percibido y que, conforme se fundamenta en el escrito dirigido al Juzgado, era exigible desde el 22 de octubre de 2012.
Juan Carlos Ruiz Boix recuerda que la Diputación de Cádiz mantiene servicios públicos en sedes muy dispersas y no todas son titularidad de la institución provincial. De hecho, al alquiler de dichas dependencias se dedica “más de un millón de euros al año”. Si Diputación recuperase el inmueble se podría reducir este gasto público; o bien obtener ingresos si la Justicia determina el pago de un arrendamiento por el uso de la Audiencia Provincial.
Ruiz Boix confía en que “la Junta no tenga ninguna ocurrencia más porque ya hemos comprobado que lo que pretendía en el Edificio Valcárcel –en referencia al proyecto para alojar la Facultad de Ciencias de la Educación- era que la Diputación regalase patrimonio, una opción que es contraria a la ley, y hemos tenido que aclarar que lo que sí podemos hacer es ceder el uso”.
En virtud de la demanda presentada, Diputación reclama una pretensión principal: que se declare que la situación jurídica existente responde a un “precario” y que, como tal, pueda resolverse por iniciativa de la institución provincial. De manera subsidiaria, de no ser estimada la solicitud anterior, se pide la declaración de una situación de comodato, o préstamo de uso, sujeta a un plazo determinado; o, de no atenderse lo anteriormente requerido, se reconozca una relación arrendaticia vinculada a una renta y un plazo determinados.
Diputación y Junta de Andalucía suscribieron el 22 de octubre de 2008 un acuerdo de permuta sobre la Audiencia Provincial. En virtud de este documento se concedía un plazo de cuatro años para que la administración autonómica erigiera la Ciudad de la Justicia sobre el solar de la calle Brunete y en el que se ubicaba la sede del Instituto Nacional de Empleo.
En el acuerdo se consideraban dos inmuebles: el solar dispuesto por Diputación de una superficie de 8.388 metros cuadrados valorado en 3.047.149,62 euros; y la sede de la Audiencia, aportada por la Junta, que sumaba un área de 2.178 metros cuadrados tasada en 4.171.438,58 euros. La diferencia a favor de la Junta –de 1.124.284,96 euros- se compensaba con una renuncia a satisfacer las mensualidades de un arrendamiento durante un periodo de cuatro años.
Ese plazo expiró el 22 de octubre de 2012 y, aún desde entonces, “no hay nueva sede judicial ni previsión temporal” para su efectiva materialización, según recoge la demanda.
La situación ocasiona un desequilibrio económico para la Diputación de Cádiz y desnaturaliza el acuerdo entre instituciones alcanzado en 2008. En la práctica, la finalidad del contrato carece de plazo determinado y no comporta ninguna contraprestación por la Junta de Andalucía.