La Delegación de Movilidad trabaja en paralelo en la nueva ordenanza con la participación de la Mesa de la Movilidad
El Ayuntamiento de Cádiz ha adjudicado el contrato de suministro, instalación y puesta en marcha de la zona de bajas emisiones en la ciudad de Cádiz a la empresa Tecnologías Viales aplicadas TEVA S.L. Este proyecto se encuentra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation.
El concejal de Urbanismo y Movilidad, Martín Vila, ha afirmado que “con esta adjudicación, el Ayuntamiento avanza de forma contundente en los objetivos de reducción de emisiones, comprometidos en el Pacto de los Alcaldes por el Clima, la Ley de Transición Ecológica y el propio Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad”.
Martín Vila ha explicado que “no se trata sólo de limitar el paso a vehículos contaminantes, sino de mantener las restricciones de uso que actualmente ya existen en estos espacios para que la Zona de Bajas Emisiones sea también una Zona de Bienestar. No se trata de permitir la entrada indiscriminada si el vehículo es eléctrico, sino de que el vehículo de necesidad transite de forma paulatina a vehículos no contaminantes”. Con esta Zona de Bajas Emisiones, “podremos controlar con mayor efectividad los accesos y fomentar esta tan necesaria transición”.
Vila ha avanzado que con este contrato, “no solamente se garantiza la infraestructura necesaria para implementar la Zona de Bajas Emisiones, sino la puesta en marcha del servicio y la campaña de información y comunicación previa para dar a conocer todos los detalles y formas de funcionar de la misma”. La intención, ha añadido, “es alcanzar los objetivos planteados en cuanto a reducción de emisiones y de mejora del espacio público, pero también dar el salto tecnológico y mejorar la atención ciudadana para que la gestión de permisos de accesos y de usos pueda ser prácticamente a tiempo real. Ya avanzamos que el modelo que vamos a seguir es el de declaración responsable, por lo que cualquier entrada de las previstas pueda hacerse sin el temor a que recaiga la sanción ya que se dispondrá de un plazo para que el vecino o vecina pueda justificar el acceso a esta zona”.
Este proyecto, con un valor de 2.329.000 euros, contempla la instalación de 33 puntos de control de acceso en Casco Histórico y Paseo Marítimo, así como nueve puntos de control y aforo en la entrada a la circunvalación del Casco y en cada entrada de la ciudad.
Conjuntamente a esta iniciativa, según ha subrayado el concejal, “seguimos trabajando en la elaboración de la ordenanza tan necesaria, y que va desarrollándose en paralelo, con la participación de la Mesa de Movilidad donde están representados todos los grupos políticos y asociaciones y colectivos, y en la que se refrendaron precisamente estas medidas”.