El juez y diputado del PSOE, Juan Carlos Campo, junto al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, y el portavoz municipal, Fran González, han abordado hoy en un encuentro con sectores socioeconómicos en la Cámara de Comercio de Cádiz, la situación de internacionalización de las empresas andaluzas, un reto que el gobierno de la Junta se ha marcado como prioritario “para promover un cambio de modelo productivo y avanzar hacia la exportación y la internacionalización”. Ramírez de Arellano ha explicado que el Gobierno andaluz colabora con los agentes sociales y económicos para que se establezcan las condiciones para “un desarrollo que permita mirar el futuro con esperanza”. Así, ha destacado las potencialidades que tiene Andalucía y los esfuerzos realizados por el Gobierno andaluz en las últimas décadas para, entre otras cuestiones, generar infraestructuras que nos permitan ser competitivos”.
Por su parte, en su intervención ante medio centenar de agentes socioeconómicos y representantes de colectivos, el candidato socialista ha apuntado la importancia del TTIP, el tratado que está negociando la zona de libre comercio entre los EEUU y la UE, donde ha defendido que “se haga bajo unos estándares de calidad sin que se pierdan derechos”.
Campo ha insistido en que “desde el PSOE entendemos que esos acuerdos tienen que salir, pero deben hacerlo con unos estándares de calidad que no nos permita reconocernos después con menos derechos de los que teníamos al empezar la negociación”. En esa misma línea, el diputado del PSOE cree que “es imprescindible ver o observar dónde están esos estándares mínimos de acuerdos sociolaborales, medioambientales y alimentarios de los derechos de los consumidores”.
Para ello, ha aseverado que “es necesario establecer unos mecanismos de transparencia en orden a los arbitrajes, algo que está muy consolidado en el ámbito comercial internacional pero que, desde luego, tiene que dotarse de un mayor ejercicio de transparencia”.
Campo ha resaltado que “el objeto es dar cobertura a un volumen irregular de 650.000 millones de euros” y se ha pronunciado a favor de que el mercado tienda a la regularización cuando afecta, además, a un total de más de 820 millones de ciudadanos y ciudadanas”.
Por lo tanto, ha defendido que “el papel de Europa tiene que ser estratégico en el mercado internacional tras el acuerdo de Asia-Pacífico que otorga una posición privilegiada a China, y en ese sentido, considera que “es necesario que nos posicionemos ya que estamos ahora mismo en un proceso de negociaciones que están viéndose dificultadas por continuas filtraciones que han generado el orden de una mayor transparencia”.
El candidato socialista asegura que “desde todas las instancias tanto federal, como autonómica, estamos a favor de que existan acuerdos al respecto del mercado internacional, lo que el PSOE no comparte es que esos acuerdos, sean cualquier acuerdo”. Si bien sostiene que “es importante fijar la posición de la socialdemocracia y potenciar los acuerdos que sean beneficiosos para nosotros porque nos permitirá participar del liderazgo mundial de los mercados”, subraya que “ha de hacerse siempre en favor del beneficio común”.
Todo esto, ha dicho, “viene a poner en marcha mecanismos, por todos conocidos, que vienen a encadenarse a esas políticas de la UE de efecto antidumping, anti subvenciones en las que, por ejemplo, el mercado asiático está dando tantas muestras”.
En último término, ha advertido sobre la posición de otros partidos políticos como Izquierda Unida y Podemos en Bruselas donde han votado a favor de la concesión de economía de mercado a China porque “abre la puerta a la competencia desleal que se ejerce con el dumping o la política de la república comunista de producción con precios por debajo del coste que tanto daño hace a una economía estable, férrea y que se sigue en Europa con unos parámetros de calidad y excelencia”.
También se ha posicionado diciendo que “el PSOE está beligerante en el sí al acuerdo y fundamentalmente está con el sí, pero en base a esas premisas, así es por lo que determinó la suspensión en un primer momento en junio de 2015 de la votación en el Parlamento europeo que logró sacarla después adelante en julio de 2015 en esos parámetros que acabo de decir”.