El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha convocado para este domingo una concentración en contra de los derribos que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo este mes en la pedanía de El Palmar, una actuación que la administración andaluza ha defendido asegurando que «la práctica totalidad» de estas edificaciones se constituyen «en segunda residencia» y «en su mayoría se destinan a alquileres vacacionales clandestinos», por lo que «abrir la mano» a la construcción de estas viviendas ilegales «supondría ir contra la ley vigente y mirar para otro lado como hicieron los anteriores gobiernos socialista».
Desde la Junta han señalado a Europa Press que pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal lo que está haciendo el alcalde de Vejer, Antonio González (PSOE), para que lo estudie y determine «si se está incurriendo en un delito o no».
A este respecto, ha recordado que ese «mirar para otro lado» de anteriores gobiernos fue lo que provocó, «entre otras circunstancias, la proliferación de miles de viviendas irregulares que ahora se encuentran en un limbo jurídico» y que la convocatoria de esta manifestación promovida por el Ayuntamiento de Vejer «supone obstaculizar la labor que la Junta desarrolla para preservar El Palmar y un llamamiento a la construcción de viviendas ilegales sobre suelo rústico».
Como han asegurado, el Ayuntamiento de Vejer «es sabedor», y así se lo han trasladado en reuniones mantenidas, de que en El Palmar se está produciendo «un fenómeno de construcción de viviendas prefabricadas sobre suelo rústico» que cuando son precintadas tras detectar la comisión de un delito, éstos «han sido retirados».
Así, han recordado que el Consistorio es quien debe ejercer «la disciplina urbanística» pero que al no hacerlo, ha sido la inspección autonómica quien ha adoptado las medidas para hacer frente a este problema, algo que han dicho «está dando los resultados esperados, puesto que se observa un importante descenso en la comisión de nuevas infracciones», además de producirse la autodemolición de construcciones sobre las que pesan órdenes de derribo.
No osbtante, la Junta ha advertido que «toda nueva construcción ilegal no sólo es un problema de índole urbanístico, sino que provoca daños ambientales irreparables en el territorio» y que estas demoliciones «ratifican su compromiso con el cumplimiento de la legalidad territorial y urbanística y con la colaboración institucional y el auxilio con los Órganos Judiciales y el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus potestades».
Desde la Consejería de Fomento se ha manifestado que «hay una diferencia notable entre viviendas irregulares y viviendas ilegales» y que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) recoge la redacción de planes especiales que pueden llevar a cabo los ayuntamientos y que minimicen el impacto ambiental de las agrupaciones de edificaciones irregulares prescritas que se encuentran «en un limbo jurídico». No obstante, han matizado que «esa es una cuestión y otra muy diferente es permitir que se siga construyendo fuera de la ley».
Es por eso que se ha hecho hincapié en que las nuevas edificaciones ilegales que se levanten no pueden ser regularizadas «en ningún caso», una circunstancia que saben las personas que se encuentran con una sanción u orden de demolición, y que «conoce a la perfección el alcalde».
MANIFESTACIÓN CONTRA EL DERRIBO DE CASAS EN EL PALMAR
Por su parte, el Gobierno local de Vejer, liderado por el socialista Antonio González, ha mostrado su rechazo a esta «política de derribos», considerando que ésta «no puede ser la única solución» a las viviendas ilegales que se han edificado en esta pedanía costera de la localidad.
Es por eso que el Ayuntamiento ha convocado una concentración con el fin de solicitar «herramientas y apoyo» a la Junta, ya que considera que «la vía del derribo no puede ser la única solución». «Tenemos que unirnos en favor de los vecinos y del futuro de El Palmar, y aquí no cabe la política. Por eso pedimos también a la oposición que sea responsable y acuda», ha afirmado el alcalde.
En concreto, la concentración será el próximo 9 de marzo a las 13,00 horas en el aparcamiento del Centro de Barrio de El Palmar.