La reciente propuesta del Ayuntamiento de Cádiz para ofrecer un incentivo diario de entre 318 y 353 euros a los agentes de la Policía Local por su servicio en las playas durante el verano ha generado una fuerte polémica. En la mesa de negociación celebrada ayer, la medida fue mayoritariamente rechazada por los sindicatos Autonomía Obrera, CCOO y UGT, mientras que solo UPLBA y SPLCA votaron a favor.
La propuesta, impulsada por la concejal de Personal, Maite González, y el concejal de la Policía Local, Juancho Ortiz, se presenta como una «dedicación extraordinaria» para el periodo del 15 de junio al 15 de septiembre. Sin embargo, esta nueva retribución no cuenta con la firma ni el aval de ningún técnico municipal, según denuncian los sindicatos en su informe de respuesta.
El equipo de gobierno del Partido Popular (PP) argumenta que la iniciativa busca retribuir el esfuerzo de la Policía Local por volver a patrullar las playas, algo que no se había hecho en los últimos tres años. Sin embargo, la medida ha sido criticada por considerarse injusta y discriminatoria hacia el resto de la plantilla municipal, cuyos complementos de prolongación de jornada son significativamente inferiores.
El informe presentado por Autonomía Obrera, que ha sido enviado a la Intervención Municipal y a la Secretaría General, señala que la propuesta podría resultar en responsabilidades técnicas y políticas graves. Además, se subraya que la falta de personal es un problema generalizado en el Ayuntamiento, y que no se ha planteado un aumento de efectivos en la última negociación de plantilla.
El sindicato también denuncia que la propuesta busca camuflar un servicio ordinario como extraordinario para justificar el pago adicional, lo cual consideran ilegal. En caso de que la medida sea aprobada en el próximo pleno municipal, Autonomía Obrera ha anunciado que tomará todas las acciones jurídicas necesarias.
La situación ha puesto de manifiesto tensiones entre el equipo de gobierno del PP y los sindicatos, evidenciando un posible trato preferencial hacia la Policía Local y una gestión que, según los críticos, podría afectar negativamente al conjunto de los empleados municipales.