El Gobierno reforma las leyes de dependencia y discapacidad para reforzar derechos y agilizar las prestaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una ambiciosa reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, con el objetivo de ampliar los derechos sociales, mejorar las prestaciones y reducir la burocracia en el acceso al sistema de atención. La iniciativa, impulsada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha sido remitida a las Cortes Generales como uno de los pilares del nuevo modelo de bienestar social que promueve el Ejecutivo.

Según Bustinduy, la reforma constituye “posiblemente la de mayor calado social de la legislatura” y sienta las bases de “un sistema público y universal de cuidados” centrado en las personas y no en la gestión de plazas o centros. La nueva legislación introduce derechos innovadores, amplía los servicios disponibles e incorpora avances tecnológicos para ofrecer una atención más personalizada, ágil y eficaz.

Nuevos derechos: accesibilidad y teleasistencia universal

Entre las principales novedades, la reforma consagra el derecho a la accesibilidad universal, obligando a los poderes públicos a garantizar espacios sin barreras físicas o cognitivas. Para ello, se impulsará un programa estatal para adaptar el patrimonio histórico y se facilitarán las obras de accesibilidad en viviendas mediante la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.

Además, se establece el derecho universal a la teleasistencia, que deberá ir acompañada de otros recursos para garantizar una atención integral, especialmente a personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia.

Más prestaciones y servicios adaptados a las personas

En materia de prestaciones sociales, el texto reconoce por primera vez el derecho a recibir productos de apoyo como sillas de ruedas o camas articuladas a través del sistema público. También se amplía la figura de la asistencia personal más allá del ámbito educativo y laboral, permitiendo su uso en actividades cotidianas como ir al médico o hacer la compra.

La reforma amplía el alcance de los cuidados en el entorno familiar, que podrán ser asumidos también por allegados sin lazos de consanguinidad. Los centros de día pasarán a convertirse en centros multiservicio y se introduce una prestación transitoria para situaciones en las que el recurso solicitado no esté disponible.

Menos burocracia, más tecnología

Uno de los ejes del nuevo marco normativo es la simplificación administrativa. Se eliminan el régimen de incompatibilidad entre prestaciones y el periodo de espera de dos años para las ayudas económicas familiares. También se agiliza la revisión de los planes de atención y se establecen procedimientos de urgencia para personas vulnerables.

Otra novedad destacada es la creación de pasarelas automáticas para reconocer la discapacidad en base a la valoración de la dependencia, facilitando así el acceso a derechos y servicios.

La ley incorpora también un enfoque tecnológico con el desarrollo de herramientas basadas en robótica, domótica e inteligencia artificial, que estarán reguladas bajo criterios de no discriminación y supervisión pública. Se creará un centro nacional para fomentar esta infraestructura tecnológica y convertir los cuidados en una industria estratégica para el país.

Más empleo público y apoyo al empleo vulnerable

Además de la reforma social, el Gobierno ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) 2025, con 36.588 plazas destinadas a reforzar servicios públicos como la Seguridad Social, el SEPE o la DGT. El ministro Óscar López destacó que un 10 % de estas plazas estarán reservadas para personas con discapacidad, y que esta OEP prioriza la atención directa al ciudadano y la digitalización de la administración.

En el ámbito laboral, se aprobó también la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2025-2028, presentada por Yolanda Díaz. Esta nueva planificación plurianual, consensuada con comunidades autónomas y agentes sociales, busca mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables como jóvenes, mujeres sin cualificación, personas con discapacidad o víctimas de violencia machista, con una inversión de 633 millones de euros.

Ayudas por la DANA y mensaje contra el odio

Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó 72,3 millones de euros en subvenciones para corporaciones locales de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANA. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, anunció que los pagos se harán de forma anticipada para facilitar su ejecución.

Alegría también condenó con firmeza los incidentes violentos ocurridos en Torre Pacheco (Murcia), y pidió combatir los discursos de odio: “España es un país abierto, plural, moderno y acogedor, y no se parece a quienes lo maltratan con la excusa de defenderlo”, afirmó.