La formación denuncia impagos y precariedad por parte de la empresa Óbolo y acusa al alcalde Bruno García de haber adjudicado el servicio a una “empresa pirata”
El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana (AIG) llevará al próximo Pleno ordinario de septiembre una moción para exigir al Ayuntamiento de Cádiz que actúe ante la situación de las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio, tras las denuncias contra la nueva concesionaria, la empresa Óbolo. La formación acusa a la adjudicataria de impagos, retrasos salariales y condiciones laborales precarias desde que asumió el servicio el pasado 1 de agosto.
Según explicó el concejal Carlos Paradas, el colectivo de trabajadoras “ha visto vulnerados sus derechos laborales en apenas un mes y medio de gestión”, con retrasos en los pagos y sueldos insuficientes. “Ya advertimos al alcalde Bruno García de que estaba dejando este servicio en manos de una empresa pirata, que en otras ciudades ha sido noticia por irregularidades. Ahora ha sido estafado y las consecuencias las están pagando las trabajadoras”, señaló el edil.
AIG reclamará que el Gobierno local exija a Óbolo el cumplimiento del contrato y de la legislación laboral, además de garantizar los acuerdos alcanzados en el Sercla, que según Paradas, la empresa ya estaría incumpliendo. “El Ayuntamiento es el máximo responsable del servicio y debe actuar con contundencia y prontitud para proteger a las trabajadoras”, añadió.
La formación de izquierdas insiste en que la única solución “definitiva” pasa por la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio, que atiende a alrededor de un millar de personas usuarias en Cádiz. Paradas subrayó que esta medida permitiría dignificar las condiciones laborales y garantizar un servicio de mayor calidad. “La municipalización es perfectamente posible y asumible. Tras lo ocurrido, debe ser el objetivo del equipo de Gobierno”, defendió.
En este sentido, recordó que ya en el Pleno Extraordinario de mayo, AIG alertó sobre la adjudicación a Óbolo, señalando antecedentes de la empresa relacionados con incumplimientos de convenio, nóminas incompletas, despidos sin finiquito y recortes salariales. “A pesar de estas advertencias, el alcalde sacó pecho con una adjudicación que presentó como social”, apuntó Paradas, quien insistió en que ahora “toca exigir a la empresa que cumpla y apostar de una vez por todas por la municipalización”.
La moción que se debatirá en el Pleno de septiembre buscará comprometer al Gobierno local a tomar medidas inmediatas frente a la concesionaria y a estudiar la gestión directa del servicio como alternativa estructural para garantizar los derechos laborales y la calidad de la atención domiciliaria en la ciudad.
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