CCOO exige al Gobierno andaluz ampliar la plantilla del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Cádiz

El sindicato alerta del colapso que sufrirá el juzgado ante la inclusión de nuevos delitos de violencia sexual y reclama medidas urgentes para garantizar la atención a las víctimas.

El sector de Administración de Justicia de CCOO de Andalucía ha reclamado al Gobierno andaluz la ampliación urgente de la plantilla del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz, ante el aumento de competencias que asumirá a partir de diciembre de 2025. Según el sindicato, la incorporación de delitos de violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso sexual y trata con fines de explotación sexual generará un incremento de la carga de trabajo superior al 30 %, que resultará insoportable para el personal actual.

Actualmente, el juzgado está atendido por un solo magistrado y una plantilla limitada, situación que CCOO califica de colapso estructural. Aunque está prevista la incorporación de un magistrado y un fiscal adicionales para Cádiz, San Fernando y Puerto Real, no se ha contemplado un aumento significativo del personal funcionario, más allá de una única plaza trasladada de otro órgano judicial.

El sindicato ha solicitado al Secretario de Estado de Justicia y a la Consejería de Justicia, Administración Pública y Administración Local que adopten medidas extraordinarias para garantizar el servicio público y proteger la salud laboral del personal. Entre las acciones recomendadas se encuentran el incremento de plantilla y la prolongación de jornadas, así como otras medidas organizativas necesarias para la gestión de los nuevos casos.

CCOO advierte de que la sobrecarga laboral podría afectar directamente a la atención a las víctimas de violencia machista y sexual, dado que estos delitos requieren una especial sensibilidad y dedicación por parte de los profesionales judiciales. El sindicato insiste en que no se puede aplicar la ampliación de competencias sin recursos suficientes, ya que la supuesta eficiencia administrativa sería en realidad una falacia.

El sindicato ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo los derechos de las víctimas y la conciliación laboral del personal judicial, utilizando todos los medios a su alcance para garantizar la correcta prestación de los servicios en materia de violencia de género y violencia sexual.

CCOO insiste en que la situación actual refleja pésimas condiciones laborales, retributivas y de salud laboral que se verán agravadas con la entrada en vigor de las nuevas competencias. El sindicato reclama una respuesta inmediata de las administraciones para evitar un colapso que podría poner en riesgo la protección de las víctimas y la eficiencia del sistema judicial en Cádiz.