La Fiscalía archiva la denuncia contra Landaluce y el alcalde anuncia acciones legales por difamación

El regidor de Algeciras descarta por ahora regresar al PP y plantea reclamaciones contra dirigentes socialistas tras el cierre del procedimiento

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia presentada contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. El procedimiento había sido impulsado por responsables del PSOE de Algeciras a finales de 2025 y motivó la salida del regidor del Partido Popular, del que era militante desde hace más de cuatro décadas.

Tras conocerse la decisión del Ministerio Público, Landaluce anunció que emprenderá acciones legales por difamación contra las dirigentes socialistas que promovieron la denuncia. También avanzó posibles reclamaciones en vía judicial contra otros actores que difundieron contenidos sobre el caso durante los meses en los que permaneció abierto. Esta respuesta se enmarca en la estrategia defensiva del regidor, que pretende exigir responsabilidades a quienes considera responsables del daño reputacional causado.

En el plano político, el alcalde confirmó que continuará sin estar inscrito en el Partido Popular. La baja voluntaria de militancia se produjo en diciembre de 2025 tras hacerse pública la denuncia. El regidor sostiene que mantener esta situación evita trasladar el conflicto interno a su antigua formación y reduce el coste político hacia el PP mientras se resuelve el escenario judicial y comunicativo generado por el caso.

El cierre del procedimiento por parte de la Fiscalía pone fin, por el momento, al frente judicial abierto hace aproximadamente año y medio, cuando se iniciaron las primeras acusaciones. El asunto se mantuvo en el debate político local y autonómico y generó repercusiones mediáticas tanto en Algeciras como en el ámbito regional. La decisión del Ministerio Público evita la judicialización penal del caso y reduce la incertidumbre sobre la situación personal del regidor.

Separadamente al archivo, el alcalde ha reiterado su intención de mantener sus responsabilidades municipales y de continuar al frente del Ayuntamiento de Algeciras. Esta confirmación se trasladará a la Junta de Portavoces, reunión prevista para la próxima semana, en la que se informará al resto de grupos sobre su actual condición de alcalde no adscrito. La continuidad institucional evita un escenario de inestabilidad en la corporación municipal y descarta cambios inmediatos en el gobierno local.

El caso ha tenido también derivadas relacionadas con la libertad de expresión y la circulación de contenidos en redes sociales. Durante el periodo en el que estuvo vigente la denuncia se difundieron mensajes y materiales atribuidos al procedimiento, algunos de ellos vinculados a plataformas digitales y canales de mensajería. El alcalde ha anunciado que mantendrá las acciones legales previamente interpuestas en este ámbito.

En términos judiciales, la decisión de la Fiscalía no agota las vías de impugnación entre las partes implicadas, dado que el archivo no implica pronunciamientos civiles sobre posibles daños morales ni descarta que se activen litigios cruzados por vía penal o civil. Las demandas anunciadas por Landaluce pueden abrir una segunda fase de conflicto en sentido inverso, pasando de un contexto acusatorio inicial a un escenario en el que el regidor actúe como denunciante.

El cierre del procedimiento penal evita que el caso avance a instrucción en el Tribunal Supremo, órgano competente al tratarse de aforados y altos cargos nacionales. La repercusión legislativa y orgánica del asunto ha sido limitada, pero el impacto político sí ha sido relevante en el ámbito local, donde el PSOE y el PP han mantenido una confrontación intensa durante el último año y medio.