La Unión Europea acuerda prohibir los ‘deepfakes’ sexuales a propuesta de España
La prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales en la Unión Europea, impulsada por el Gobierno español tras la polémica por imágenes falsas difundidas en redes, impedirá la comercialización y uso de sistemas de IA que generen contenidos íntimos sin consentimiento.
POLITICA INTERNACIONAL
Helena Dolderer/dpa
La Unión Europea ha acordado prohibir en todo su territorio la introducción en el mercado, la puesta en servicio y el uso de sistemas de Inteligencia Artificial capaces de generar ‘deepfakes’ sexuales. La medida, impulsada por el Gobierno de España, fue respaldada en la madrugada de este 7 de mayo tras la negociación entre el Parlamento Europeo, la Presidencia del Consejo y la Comisión Europea.
La decisión supone incorporar a la Ley Europea de Inteligencia Artificial dos nuevas prácticas prohibidas. Por un lado, aquellas herramientas capaces de generar o manipular imágenes, vídeos o audios realistas de partes íntimas o que sitúen a personas en actividades sexuales sin su consentimiento expreso. Por otro, los sistemas que permitan crear o manipular pornografía infantil.
La propuesta española se presentó el pasado mes de enero, después de la polémica generada por la difusión de imágenes falsas de desnudos de mujeres y menores atribuidas a Grok, el asistente virtual de la red social X. A mediados de marzo, la iniciativa ya había logrado el respaldo necesario para su inclusión en la reforma normativa europea.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, valoró el acuerdo y lo enmarcó en la estrategia española sobre regulación de la inteligencia artificial. Según señaló, la decisión se alinea con las iniciativas legislativas impulsadas en los últimos meses en España.
Entre ellas figura la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. Esta norma prevé la reforma del Código Penal para penalizar los ‘deepfakes’ de contenido sexual y el grooming —el engaño online a menores con fines sexuales—, que pasaría a considerarse agravante en determinados delitos.
La prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales en la Unión Europea refuerza así el marco legal frente a una práctica que ha crecido en los últimos años con el desarrollo de herramientas de generación de imágenes mediante inteligencia artificial. La facilidad para crear contenidos falsos de apariencia realista ha abierto un debate sobre la protección de la intimidad, el honor y la propia imagen, especialmente en el caso de menores.
Además de la cuestión de los contenidos sexuales manipulados, el acuerdo europeo aborda otros aspectos de la regulación de la inteligencia artificial. Uno de los puntos de discusión ha sido la posibilidad de trasladar obligaciones del Reglamento de IA a normativas sectoriales ya existentes, como las relativas a productos sanitarios, juguetes, ascensores o maquinaria.
Finalmente, solo la legislación sobre maquinaria industrial se integrará en ese esquema, con mecanismos de salvaguarda para garantizar que los requisitos específicos en materia de inteligencia artificial se mantengan. También se conservará un registro simplificado para determinados sistemas incluidos en el Anexo III del Reglamento que no estén considerados de alto riesgo por no suponer una amenaza directa para la seguridad, la salud o los derechos fundamentales.
El texto acordado mantiene igualmente la obligación de alfabetización en inteligencia artificial para proveedores y responsables del despliegue de estos sistemas, con el apoyo de las administraciones públicas, y refuerza la cooperación entre la oficina europea de IA y las autoridades nacionales.
El acuerdo político alcanzado deberá ser ratificado formalmente tanto por el pleno del Parlamento Europeo como por el Consejo de la Unión Europea. La previsión es que este trámite se complete antes del receso de verano.
Con esta decisión, la Unión Europea amplía el listado de prácticas de inteligencia artificial prohibidas en el mercado comunitario y establece un marco común que será de aplicación en todos los Estados miembros, incluida España.
