Sanidad aprueba un protocolo para coordinar tratamientos de alta complejidad de más de 80.000 euros al año

El nuevo protocolo para tratamientos de alta complejidad de 80.000 euros o más fija cómo deben coordinarse las comunidades autónomas cuando un paciente sea derivado a otra región y establece que la financiación corresponderá, por regla general, a la comunidad de origen.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha aprobado un protocolo común para coordinar el acceso a tratamientos farmacológicos de alta complejidad cuyo coste alcanza o supera los 80.000 euros por paciente y año. El acuerdo regula cómo deben actuar los hospitales y las comunidades autónomas cuando un paciente necesita ser atendido en un centro de referencia situado en otra región.

La medida se aplicará inicialmente a 66 tratamientos ya incorporados a la cartera común de servicios del SNS: 12 terapias avanzadas —basadas en genes, células o tejidos— y 54 medicamentos considerados de alto impacto económico. Entre estos últimos se incluyen aquellos cuyo coste iguala o supera los 80.000 euros anuales por paciente.

El objetivo del protocolo es ordenar la derivación y la financiación de estos tratamientos, que en muchos casos solo se administran en centros altamente especializados. Para provincias como Cádiz, donde determinados pacientes deben desplazarse a hospitales de referencia fuera de Andalucía o a otras áreas de la comunidad autónoma, la norma establece un circuito común de actuación entre el hospital de origen, el de destino y las administraciones sanitarias implicadas.

Según el acuerdo, cuando un centro de referencia identifique a un paciente candidato a uno de estos tratamientos, deberá comunicarlo al hospital y a la comunidad autónoma de origen. Estos verificarán que la derivación se ha realizado correctamente y que la indicación se ajusta a los criterios de financiación del Sistema Nacional de Salud. Una vez validado el proceso, el centro de referencia podrá indicar el tratamiento.

El protocolo también delimita la responsabilidad económica. Con carácter general, la adquisición y financiación del medicamento corresponderá a la comunidad autónoma de origen del paciente, incluso cuando el tratamiento se administre en otra región. De este modo, se fija un criterio común para evitar conflictos administrativos entre territorios.

El listado de medicamentos incluidos no será cerrado. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos propondrá la incorporación de nuevos tratamientos en función de si se trata de terapias avanzadas o si cumplen el requisito de alto impacto económico por paciente. El documento contempla, por tanto, una actualización progresiva conforme se aprueben nuevas terapias.

Otro de los aspectos recogidos es la intención de acercar, siempre que sea posible, la administración de los fármacos al lugar de residencia del paciente. El protocolo señala que la prescripción, dispensación y administración se realizará en la comunidad autónoma de origen especialmente en tratamientos crónicos o de larga duración, con el fin de reducir desplazamientos y facilitar el seguimiento clínico.

En los casos en que sea necesario mantener la atención en un centro especializado, se prevé un modelo de seguimiento compartido entre el hospital de referencia y el hospital de origen. Para los tratamientos crónicos, se recomienda que el centro de referencia realice al menos una valoración anual para revisar la evolución del paciente y la continuidad de la terapia.

En cuanto a la gestión administrativa, a corto y medio plazo las comunicaciones entre centros se realizarán mediante un formulario estandarizado acompañado de un informe clínico, con garantías de anonimización o seudonimización de los datos. A largo plazo, el Ministerio de Sanidad plantea desarrollar una plataforma tecnológica común del SNS que permita tramitar y gestionar estas solicitudes de forma coordinada en todo el país.

Con este protocolo para tratamientos de alta complejidad de 80.000 euros o más, el Sistema Nacional de Salud establece un marco común para la derivación y financiación de terapias de elevado coste, en un contexto marcado por la incorporación progresiva de medicamentos innovadores y de impacto presupuestario significativo para las comunidades autónomas.